Guatemala, 10 de Enero del 2011
Una vez más Unión FENOSA viola la ley y busca provocar ingobernabilidad
Los municipios de Malacatán, San José El Rodeo y San Pablo, del Departamento de San Marcos, están sin servicio de energía eléctrica desde el sábado 8 de enero. Este corte se le impone a los pobladores sin ninguna explicación previa, sin aviso de reparaciones de ningún tipo, en total violación a la ley y al derecho del Pueblo a un servicio público esencial. Es un claro atropello.
Esto demuestra la naturaleza abusiva y prepotente con que actúa la transnacional Unión FENOSA, no sólo con total impunidad, sino que, peor aún, respaldada por las instituciones del Estado, que están llamadas, por el contrario, a defender los derechos de la población.
“Mal paga el Diablo a quien bien le sirve”, reza el conocido refrán, pues el corte que les ha sido impuesto es general, es decir, afecta tanto a la población en resistencia, como a la que familias que siguieron pagando un servicio que es malo y que cobra ilegalidades, quizás bajo presión o sometidas a distintas amenazas.
¿Dónde están ahora las fuerzas del Gobierno, defendiendo a su pueblo frente a una agresión extranjera? ¿Cuál es la excusa ahora de la Comisión Nacional de Energía para no actuar como se lo ordenan las leyes? Presidente Álvaro Colom, ¿dónde está ahora su tan publicitada solidaridad? ¿Se le quedó sólo en la propaganda?
Con este corte Unión FENOSA afecta a la población en varios aspectos: deja a cada familia sin energía; inhabilita los aparatos que sirven en los hospitales y centros de salud; los alimentos se descomponen al no tener refrigeración; se pierde la comunicación telefónica, etc. Todo esto lo sabe Unión FENOSA y, con este nuevo atropello, lo que busca, una vez más, es desesperar a la población.
Los estrategas de la empresa, viéndose derrotados, buscan, a todas luces, generar malestar y provocar a la población, con miras a crear condiciones que le permitan a su principal aliado, el Gobierno, declarar un nuevo Estado de Sitio en San Marcos.
Argumentan, desde la transnacional, que el corte de energía se debe a una falla técnica, la cual no han podido atender porque la población no se los permite, salvo que cada familia esté dispuesta a firmar un convenio de pago similar al que, de manera infructuosa, firmaron con algunos COCODES de Nuevo Progreso. Con esa argumentación es evidente que mienten.
En primer lugar, porque se gastaron millones de quetzales en una campaña radial en la que anunciaron a todo el país, con sobrada anticipación, que dejarían sin energía al Departamento de San Marcos. Se trata, pues, de un corte ilegal anunciado de previo. De una nueva agresión contra el pueblo, planificada y ejecutada con detalle.
En segundo lugar, porque quieren reeditar el documento que lograron en Nuevo Progreso. Vieron en ello una debilidad y quieren ver si pueden repetirla. Pero saben perfectamente que el convenio de pago que firmaron en Nuevo Progreso se les volvió papel mojado. Allá la población se mantendrá en resistencia hasta que se vaya del país la empresa que les está robando. Y esa lucha se ha extendido y se seguirá extendiendo a lo largo y ancho del país, en la medida en que la población tome conciencia del robo del que la están haciendo víctima.
Es evidente que la empresa ya tiene claro que la batalla la está perdiendo en todo el país y por eso arremete de nuevo contra la población. Son sus patadas de ahogado. Son sus últimos estertores. Es, como lo ha demostrado, una empresa dueña poca o nada de ética, corrupta e ilegal que, en función de su codicia sin límites, actúa con toda saña contra sus propios clientes y contra la población en su conjunto.
Sin embargo, la denuncia no se queda aquí. Queremos además señalar que vemos en este acto algo más perverso: la intención de provocar la reacción de la gente para generar ingobernabilidad. Seguro que allí sí veremos actuar, con prontitud, al desfile de fuerzas represivas en contra de la gente. Al débil y sujeto de derecho este Gobierno le receta palo, mientras que al agresor descarado, le otorga todo el respaldo. ¡Es bueno, en año electoral, saber quién es quién!
Ya en el Estado de Sitio en Alta Verapaz nos dimos cuento que la acción sólo sirvió para que las empresas privadas llegaran con su maquinaria a iniciar la construcción de sus proyectos, a los que la población, con sus consultas, había dado un rotundo NO.
Es lamentable que la mal llamada social democracia de Álvaro Colom, haya decidido convertir su gobierno en un defensor de los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros a costa de sangre y fuego; un Estado que ocupa territorio y recursos para beneficio de la empresa extranjera; un Estado que traiciona cobardemente al pueblo que cometió el craso error de votar por él.
Al Gobierno exigimos que defienda lo que le corresponde: los derechos del pueblo, y que haga lo necesario para que a la población afectada se le restablezca el servicio de energía eléctrica.
A la Comisión Nacional de Energía Eléctrica demandamos el cumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia;
A la comunidad internacional requerimos su solidaridad, su apoyo y que estén alerta por cualquier provocación a la violencia y al desorden por parte de Unión FENOSA.
A la Procuraduría de Derechos Humanos que se pronuncie y proceda judicialmente contra este nuevo atropello.
A la población de San Marcos, serenidad. Que continúen en la lucha con la misma madurez con la que han venido haciéndolo. La resistencia se basa en la razón y no en la fuerza bruta.
Por la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica
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