La captura se realizó después que el abogado de Carlos Hernández estuviera averiguando si existían órdenes de captura en su contra, ante los insistentes rumores de la existencia de las mismas, y el Ministerio Público negara tal extremo.
Los dos defensores de derechos humanos fueron sindicados de los delitos de Actividades en contra de la Seguridad Interna de la Nación (Art. 390, sec. 2); Reuniones y Manifestaciones Ilícitas (Art. 397), y de violación al artículo constitucional No. 26 (Libertad de Locomoción); por haber participado en la manifestación y mitin político que se llevó acabo en Chiquimula, del 31 de marzo al 2 de abril de 2010, donde se llegó a paralizar el tráfico debido a que las negociaciones no lograban tener éxito.
Durante la audiencia, como elemento de prueba, el Ministerio Público presentó la denuncia del Gobernador Departamental y el Memorial de las negociaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. El Juez decidió dejar ligado a proceso a los dos defensores de derechos humanos bajo una medida sustitutiva. Asimismo, se maneja que existen por estos hechos y otras manifestaciones públicas, otras órdenes de capturas giradas en contra de liderazgos locales y de organizaciones que velan por el derecho a un ambiente sano y al desarrollo.
ANTE ESTOS HECHOS UDEFEGUA DENUNCIA QUE:
• La Fiscalía Distrital de Chiquimula está desarrollando una política de persecución criminal que utiliza delitos creados durante el conflicto armado interno y para la contrainsurgencia con el objeto de detener la defensa de derechos humanos y favorecer intereses privados.
• La política de criminalización de la defensa de derechos humanos se realiza en conjunción de una denegatoria de investigación de las denuncias de delitos cometidos en contra de defensores o de violaciones de derechos humanos cometidos en su jurisdicción.
• Que la persecución en contra de Carlos Hernández del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Guatemala se constituye en un ataque más a esta organización que ha sufrido amenazas, atentados y asesinatos de sus miembros que continúan en la impunidad constituyéndose hoy por hoy en la organización de derechos humanos más agredida del país.
POR TODO ELLO SOLICITAMOS:
• A la Fiscalía General que inicie de forma inmediata un proceso de supervisión de las actuaciones de la Fiscalía Distrital de Chiquimula y garantice que el debido proceso se esté desarrollando. De encontrarse irregularidades, se tomen las medidas correspondientes.
• A la Corte Suprema de Justicia que ordene una supervisión del Tribunal de Primera Instancia de lo Penal, Narcoatividad y Medioambiente para garantizar que sus actuaciones estén conforme a derecho. De encontrarse irregularidades, se tomen las
medidas correspondientes.
• Al Congreso de la República que revise el Código Penal para derogar los artículos que responden a una lógica contrainsurgente y que constituyen una amenaza para la defensa de derechos humanos.
• A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) que continúe garantizando la seguridad de los defensores de derechos humanos que hoy están ligados a proceso mientras sufren persecución, y que vigile el proceso.
• A la comunidad internacional que le de seguimiento a los casos y situación que se vive en Chiquimula.
• A la comunidad nacional de defensores y defensoras de derechos humanos que muestren su solidaridad con la situación de la región y aporten a la solución de la misma y al acompañamiento de los líderes perseguidos.
Guatemala, 16 de Noviembre de 2010
1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-bTel. 22545840. Cel. Emergencias: 57659033
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com
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