lunes, 22 de noviembre de 2010

Capturan a implicado en el asesinato de Víctor

Guatemala, 21 de Noviembre del 2010

¡Ahora sí! Por fin se aproxima la Justicia

La CICIG identifica y captura a uno de los autores del asesinato de Víctor Gálvez

Ha pasado más de un año desde que sicarios desconocidos, actuando al servicio de poderes ocultos, quitaron la vida de nuestro compañero Víctor Gálvez. Este inaceptable hecho de sangre, además de sembrar luto y dolor en la comunidad nacional, generó una condena mundial y la demanda, desde organizaciones hermanas en los cinco continentes, de que se destinaran esfuerzos al esclarecimiento del crimen. Es decir, a la identificación de los autores tanto materiales como intelectuales y a la pronta aplicación, entonces, del peso de la ley.

Desde ayer, en la páginas web de la CICIG, aparece la siguiente información oficial:

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Ultimas Noticias

 

Captura en caso Víctor Gálvez

Guatemala, noviembre 19 de 2010. El 24 de octubre del año 2009 sobre las 14:30 horas fue asesinado a tiros en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, el señor Víctor Miguel Gálvez Pérez.

El señor Víctor Gálvez fue un líder sindical de la zona sur del departamento de San Marcos que se destacó por su actividad en la disputa que mantienen algunos grupos de población con la empresa DEOCSA sobre la energía eléctrica.

El miércoles 17 de noviembre de 2010, a requerimiento de la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG se procedió a la detención por parte de miembros de la Policía Nacional Civil de una persona de sexo masculino, sospechosa de ser autor material de la muerte de Víctor Gálvez.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el cual dictó auto de prisión preventiva para el sindicado.

La investigación sigue abierta para averiguar otros posibles responsables respecto del asesinato.

 

Víctor Gálvez

Héroe y Mártir del pueblo

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Desde el Frente Nacional de Lucha hacemos público nuestro aplauso a la CICIG por esta, sin duda alguna, relevante captura.

En primer lugar, porque la familia de Víctor merece justicia. Su esposa y sus hijos han clamado, con firmeza e hidalguía, por que se imponga la justicia y se apliquen, contra los responsables, todas las sanciones penales que su horrendo crimen amerita.

Pero, además, porque esta captura hará temblar a los grupos tenebrosos que han reinstalado los asesinatos, las amenazas y los atentados como una práctica regular para enfrentar a quienes asumen la defensa de los derechos e intereses superiores del pueblo. Estamos seguros de que, como en el juego de dominó, las piezas irán cayendo una tras otra, a velocidad creciente e incontenible. ¡Bien hecho, CICIG! Sigan adelante, hasta llegar a la raíz, al fondo de este crimen.

Hoy sí podemos ver, con esperanza, que se aproxima el fin de la impunidad. Hoy somos testigos de que el que tira del gatillo y aquel que se lo ordena deben saber, a ciencia cierta, que más temprano que tarde serán identificados, perseguidos y que pagarán por sus actos.

Ojalá que, en este caso, ninguna jueza o juez salga con la barbaridad de identificar el delito como “asociación ilícita” u otra estupidez por el estilo, como ha ocurrido recientemente en otro caso. La CICIG ha hecho, y seguirá haciendo, lo que le corresponde. Ahora la palabra la tendrán los Tribunales de Justicia, de quienes, en nombre de decenas de miles de voces del pueblo, reclamamos probidad, exigimos rectitud, demandamos justicia pronta y cumplida.

Y en cuanto a Víctor, hermano, luchador, quien sigue siempre presente cada día en cada una de nuestras acciones y quien, sin que quepa la menor duda, se encuentra también muy presente en los corazones combativos y en los brazos palpitantes de quienes forman parte de las organizaciones populares, decimos lo siguiente:

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¡La Lucha Sigue!

viernes, 19 de noviembre de 2010

Por el derecho del pueblo a la Salud

Guatemala, 19 de Noviembre del 2010


La familia salubrista, a una sola voz, reclama un presupuesto suficiente



Ayer, desde tempranas horas de la mañana, los trabajadores y trabajadoras de la Salud, convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG, de manera masiva, alegre y beligerante se hicieron presentes en las calles y avenidas de la ciudad capital, así como en otros puntos del país, denunciando ante la población las intenciones de recortar el presupuesto de Salud para el año 2011.



No se trata, pues, de otra cosa más que de un gremio decidido a defender el ejercicio, por parte del pueblo, de su irrenunciable derecho a la salud, y de exigir del Estado el cumplimiento del mandato constitucional que lo obliga a prestar, de manera indelegable, un servicio de calidad, accesible y oportuno a cada ciudadano o ciudadana que lo necesite.

De aprobarse ese recorte presupuestario implicaría, como mínimo según datos del propio Ministerio de Salud, la materialización de las siguientes agresiones, cada una de las cuales puede, en sí misma, traducirse en hechos de muerte:


• Cada día se quedarán sin atender, por falta de recursos, mil emergencias hospitalarias. 30 mil emergencias al mes. 360 mil emergencias en el año.

• También por falta de recursos presupuestarios dejarían de atenderse dos mil consultas externas. Esto implica 60 mil personas sin atenderse cada mes. 720 mil durante el año.

• Se quedará sin atender una de cada tres personas que necesiten hospitalización, es decir, 146 mil personas en el año.

• Un millón de habitantes no se beneficiará de la extensión de cobertura de atención primaria de salud.

• Se producirá un déficit de 4 mil viviendas por día que no serán tratadas contra los vectores que causan la malaria, el dengue y la enfermedad de Chagas, facilitando la aparición de enfermedades tropicales.

• De las personas viviendo con diabetes y con hipertensión que buscan servicios de salud del MSPAS, casi mil personas por día tendrán que ser rechazadas por falta de recursos, y no podrán recibir atención y medicamentos para impedir el progreso de la enfermedad y evitar la aparición de complicaciones.




Esas predicciones no deben convertirse en realidad.

La palabra la tienen, ahora, las bancadas parlamentarias, a las que les corresponde, por ley, definir y aprobar el presupuesto.

¡La Lucha Sigue!


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La Hora, 19-11-10
Manifestaciones
Sindicatos de Salud y Educación realizan protestas
Eddy Coronado
ecoronado@lahora.com.gt


El Sindicato de Salud realizó esta mañana una manifestación que recorrió el Centro Histórico y se establecieron frente al Congreso de la República, las peticiones de los sindicalistas son en la vía de solicitar más presupuesto.

Los sindicalistas de Salud están abogando por un presupuesto al ministerio del ramo por Q4 mil 494 millones, de tal forma que con ese presupuesto se refuercen los ingresos para los programas de salud pública, rehabilitación y servicios hospitalarios, dijo uno de los sindicalistas.

Durante la misma marcha, los sindicalistas reclamaron ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el plan para que aumente la cantidad de cuotas y edad de retiro, aduciendo que es un retroceso en los derechos alcanzados por la clase trabajadora.

El sindicato pretende apostarse frente al Congreso hasta que los diputados les concedan audiencia y puedan escuchar su planteamiento. Mientras que ante la imposibilidad de poder entrar al palacio legislativo, los diputados decidieron suspender la sesión plenaria.

En el ingreso a El Boquerón en Huehuetenango un sector del paso fronterizo con México permanece bloqueado en apoyo a los reclamos de los sindicalistas. También se conoció que otro grupo de sindicalistas, pero del sector educación se dirigía hacia el Congreso de la República.


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Prensa Libre, 19/11/10 - 00:00 Nacionales

Exigen cumplir beneficios del pacto colectivo

Trabajadores de Salud cargan una caja, que asemeja un ataúd, en memoria de zacapanecos fallecidos por carencia de medicamentos. Unos mil 500 salubristas protestaron ayer frente al Congreso por la falta de recursos en la cartera, que impide el cumplimiento de beneficios del pacto colectivo de condiciones de trabajo, que ascienden a más de Q800 millones.


CARICATURA

Compartimos la siguiente caricatura sobre el actual sistema de salud


miércoles, 17 de noviembre de 2010

CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL

 

COMUNICADO DE UDEFEGUA QUE REPUDIA LA CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE NUESTRO COMPAÑERO CARLOS HERNÁNDEZ

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REPUDIAMOS NUEVO ACTO DE CRIMINALIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

 

El día de ayer, 15 de noviembre de 2010, fueron capturados en horas dela mañana Carlos Hernández, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, filial Chiquimula, y Santos Vásquez, miembro de la Asociación Campesina Camoteca, ambos, defensores de derechos humanos miembros de la Asociación Nuevo Día que vela por el desarrollo de las comunidades de Camotán y que han estado movilizándose para proteger el ambiente y el derecho de consulta ante los proyectos hidroeléctricos y el Corredor Tecnológico.

La captura se realizó después que el abogado de Carlos Hernández estuviera averiguando si existían órdenes de captura en su contra, antelos insistentes rumores de la existencia de las mismas, y el MinisterioPúblico negara tal extremo.

 

Los dos defensores de derechos humanos fueron sindicados de los delitos de Actividades en contra de la Seguridad Interna de la Nación(Art. 390, sec. 2); Reuniones y Manifestaciones Ilícitas (Art. 397), y deviolación al artículo constitucional No. 26 (Libertad de Locomoción); porhaber participado en la manifestación y mitin político que se llevó acaboen Chiquimula, del 31 de marzo al 2 de abril de 2010, donde se llegó aparalizar el tráfico debido a que las negociaciones no lograban teneréxito.

Durante la audiencia, como elemento de prueba, el Ministerio Públicopresentó la denuncia del Gobernador Departamental y el Memorial delas negociaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. El Juez decidió dejar ligado a proceso a los dos defensores de derechos humanos bajo una medida sustitutiva. Asimismo, se maneja que existenpor estos hechos y otras manifestaciones públicas, otras órdenes decapturas giradas en contra de liderazgos locales y de organizaciones quevelan por el derecho a un ambiente sano y al desarrollo.

 

ANTE ESTOS HECHOS UDEFEGUA DENUNCIA QUE:

 

• La Fiscalía Distrital de Chiquimula está desarrollando una política de persecución criminal que utiliza delitos creados durante el conflicto armado interno y para la contrainsurgencia con el objeto de detener la defensa de derechos humanos y favorecer intereses privados.

 

• La política de criminalización de la defensa de derechos humanos se realiza en conjunción de una denegatoria de investigación delas denuncias de delitos cometidos en contra de defensores o de violaciones de derechos humanos cometidos en su jurisdicción.

• Que la persecución en contra de Carlos Hernández del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Guatemala se constituye en un ataque más a esta organización que ha sufrido amenazas, atentados y asesinatos de sus miembros que continúan en la impunidad constituyéndose hoy por hoy en la organización de derechos humanos más agredida del país.

POR TODO ELLO SOLICITAMOS:

 

• A la Fiscalía General que inicie de forma inmediata un proceso desupervisión de las actuaciones de la Fiscalía Distrital de Chiquimula y garantice que el debido proceso se esté desarrollando. De encontrarse irregularidades, se tomen las medidas correspondientes.

• A la Corte Suprema de Justicia que ordene una supervisión del Tribunal de Primera Instancia de lo Penal, Narcoatividad y Medioambiente para garantizar que sus actuaciones estén conforme a derecho. De encontrarse irregularidades, se tomen lasmedidas correspondientes.

• Al Congreso de la República que revise el Código Penal para derogar los artículos que responden a una lógica contrainsurgente y que constituyen una amenaza para la defensa de derechos humanos.

• A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) que continúe garantizando la seguridad de los defensores de derechos humanos que hoy están ligados a proceso mientras sufren persecución, y que vigile el proceso.

• A la comunidad internacional que le de seguimiento a los casos y situación que se vive en Chiquimula.

• A la comunidad nacional de defensores y defensoras de derechos humanos que muestren su solidaridad con la situación de la región y aporten a la solución de la misma y al acompañamiento de los líderes perseguidos.

Guatemala, 16 de Noviembre de 2010

REPUDIAMOS NUEVO ACTO DE CRIMINALIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El día de ayer, 15 de noviembre de 2010, fueron capturados en horas de la mañana Carlos Hernández, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, filial Chiquimula, y Santos Vásquez, miembro de la Asociación Campesina Camoteca, ambos, defensores de derechos humanos miembros de la Asociación Nuevo Día que vela por el desarrollo de las comunidades de Camotán y que han estado movilizándose para proteger el ambiente y el derecho de consulta ante los proyectos hidroeléctricos y el Corredor Tecnológico.

La captura se realizó después que el abogado de Carlos Hernández estuviera averiguando si existían órdenes de captura en su contra, ante los insistentes rumores de la existencia de las mismas, y el Ministerio Público negara tal extremo.

Los dos defensores de derechos humanos fueron sindicados de los delitos de Actividades en contra de la Seguridad Interna de la Nación (Art. 390, sec. 2); Reuniones y Manifestaciones Ilícitas (Art. 397), y de violación al artículo constitucional No. 26 (Libertad de Locomoción); por haber participado en la manifestación y mitin político que se llevó acabo en Chiquimula, del 31 de marzo al 2 de abril de 2010, donde se llegó a paralizar el tráfico debido a que las negociaciones no lograban tener éxito.

Durante la audiencia, como elemento de prueba, el Ministerio Público presentó la denuncia del Gobernador Departamental y el Memorial de las negociaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. El Juez decidió dejar ligado a proceso a los dos defensores de derechos humanos bajo una medida sustitutiva. Asimismo, se maneja que existen por estos hechos y otras manifestaciones públicas, otras órdenes de capturas giradas en contra de liderazgos locales y de organizaciones que velan por el derecho a un ambiente sano y al desarrollo.


ANTE ESTOS HECHOS UDEFEGUA DENUNCIA QUE:

• La Fiscalía Distrital de Chiquimula está desarrollando una política de persecución criminal que utiliza delitos creados durante el conflicto armado interno y para la contrainsurgencia con el objeto de detener la defensa de derechos humanos y favorecer intereses privados.

• La política de criminalización de la defensa de derechos humanos se realiza en conjunción de una denegatoria de investigación de las denuncias de delitos cometidos en contra de defensores o de violaciones de derechos humanos cometidos en su jurisdicción.

• Que la persecución en contra de Carlos Hernández del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Guatemala se constituye en un ataque más a esta organización que ha sufrido amenazas, atentados y asesinatos de sus miembros que continúan en la impunidad constituyéndose hoy por hoy en la organización de derechos humanos más agredida del país.


POR TODO ELLO SOLICITAMOS:

• A la Fiscalía General que inicie de forma inmediata un proceso de supervisión de las actuaciones de la Fiscalía Distrital de Chiquimula y garantice que el debido proceso se esté desarrollando. De encontrarse irregularidades, se tomen las medidas correspondientes.

• A la Corte Suprema de Justicia que ordene una supervisión del Tribunal de Primera Instancia de lo Penal, Narcoatividad y Medioambiente para garantizar que sus actuaciones estén conforme a derecho. De encontrarse irregularidades, se tomen las
medidas correspondientes.

• Al Congreso de la República que revise el Código Penal para derogar los artículos que responden a una lógica contrainsurgente y que constituyen una amenaza para la defensa de derechos humanos.

• A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) que continúe garantizando la seguridad de los defensores de derechos humanos que hoy están ligados a proceso mientras sufren persecución, y que vigile el proceso.

• A la comunidad internacional que le de seguimiento a los casos y situación que se vive en Chiquimula.

• A la comunidad nacional de defensores y defensoras de derechos humanos que muestren su solidaridad con la situación de la región y aporten a la solución de la misma y al acompañamiento de los líderes perseguidos.

Guatemala, 16 de Noviembre de 2010


1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b
Tel. 22545840. Cel. Emergencias: 57659033
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com


domingo, 7 de noviembre de 2010

La Salud en Alto Riesgo

 

Guatemala, 8 de Noviembre del 2010

Habrá que luchar por el derecho a la salud

Dejar sin recursos al sistema de salud

es una política

que puede calificarse como criminal,

porque conduce

hacia la privatización del servicio y,

con ello,

condena a muerte

a quien no pueda pagar

por el derecho a seguir vivo

 

La propuesta de Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República para el 2011 ya fue entregada al Congreso de la República para su debate y aprobación. Esta propuesta, elaborada y enviada por el Gobierno, recorta al Ministerio de Salud la suma de 222 millones de quetzales. Le recorta recursos financieros a un área vital de los servicios públicos que, incluso sin la rebaja, a duras penas existe. Es decir, el Gobierno, al reducir ese presupuesto, atenta de manera flagrante contra el irrenunciable derecho a la salud del pueblo y contra los también irrenunciables derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras salubristas.

De aprobarse ese recorte presupuestario implicaría, como mínimo según datos del propio Ministerio de Salud, la materialización de las siguientes agresiones, cada una de las cuales puede, en sí misma, traducirse en hechos de muerte:

· Cada día se quedarán sin atender, por falta de recursos, mil emergencias hospitalarias. 30 mil emergencias al mes. 360 mil emergencias en el año.

· También por falta de recursos presupuestarios dejarían de atenderse dos mil consultas externas. Esto implica 60 mil personas sin atenderse cada mes. 720 mil durante el año.

· Se quedará sin atender una de cada tres personas que necesiten hospitalización, es decir, 146 mil personas en el año.

· Un millón de habitantes no se beneficiará de la extensión de cobertura de atención primaria de salud.

· Se producirá un déficit de 4 mil viviendas por día que no serán tratadas contra los vectores que causan la malaria, el dengue y la enfermedad de Chagas, facilitando la aparición de enfermedades tropicales.

· De las personas viviendo con diabetes y con hipertensión que buscan servicios de salud del MSPAS, casi mil personas por día tendrán que ser rechazadas por falta de recursos, y no podrán recibir atención y medicamentos para impedir el progreso de la enfermedad y evitar la aparición de complicaciones.

Para nadie es un secreto el actual nivel de desabastecimiento que existe en el Sistema Nacional de Salud. Si con el presupuesto actual los recursos no alcanzan, ¿se pueden imaginar qué ocurrirá si, encima, se recorta la asignación presupuestaria?

Esa política, sin duda alguna, conduce hacia la privatización, por cuanto la persona o la familia que necesita servicios de salud se ve obligada a acudir a lo privado para obtenerlos. Cuando va a un Hospital o a un Centro de Salud, en lugar de curarse, lo que recibe son recetas para que vaya a gastar su dinero en las farmacias o a hacerse exámenes en laboratorios privados.

Debe considerarse que al Sistema de Salud Pública acude la población de más escasos recursos. Es decir, que estas afectaciones que se derivarían de la falta de presupuesto suficiente agravarán las condiciones de vida de los sectores populares, colocándose en alto riesgo incluso la vida misma de millares de personas.

La situación, pues, es seria, con el agravante de que tiene una fecha tope: de conformidad con la ley, si para el próximo 30 de Noviembre, es decir, dentro de unos pocos días, el Congreso no ha aprobado la propuesta de Presupuesto para el 2011, quedará automáticamente en vigencia el que se elaboró en el 2008 para el 2009. Es decir, el Ministerio tendrá que trabajar con el mismo presupuesto que hace tres años, el cual, por lo demás, resultó deficitario. Es decir, no alcanzó y fue necesario negociar un adicional de cerca de 450 millones de quetzales para, a duras penas, terminar el año.

Hay que recordar que la población del país se incrementa en 350 mil nuevos habitantes cada año, y que eso conduce a un incremento en la demanda de servicios de salud, razón por la cual es indispensable aumentar el presupuesto asignado a la cartera correspondiente.

Hay que recordar, también, que la desnutrición crónica afecta a más del 49.3% de la infancia, lo que la coloca en altísima vulnerabilidad ante cualquier brote infeccioso que, de otra manera, el organismo mismo eliminaría y que, por ello, la demanda de servicios de salud pública es creciente.

En el momento actual, el Congreso de la República se encuentra prácticamente paralizado por recurrentes maniobras mediante las cuales algunas bancadas o bloques parlamentarios lo que buscan es que no haya tiempo material para discutir el presupuesto y que se llegue a la fecha tope del 30 de Noviembre sin haberlo conocido. Con ese propósito, acuden a interpelaciones eternas e innecesarias, que tienen el único propósito de gastar el tiempo que bien podría emplearse en temas necesarios y urgentes.

Esta táctica dilatoria la están empleando, en primer lugar, los diputados del Partido Patriota, quienes por razones electoreras no quieren que se apruebe la propuesta para el 2011 y obligar así al actual Gobierno a seguir sumergido en una crisis financiera que lo hace quedar mal y favorece el voto en su contra. Pero, por su parte, el Gobierno y los diputados de la UNE quieren aprobar un presupuesto que no sólo no tiene el aumento de 600 millones que el país necesita para cumplir con sus mínimas obligaciones en materia de Salud Pública, sino que rebaja el monto asignado en 222 millones de quetzales.

La Gana, Líder, los independientes, en fin, las otras bancadas de las derechas, se dividen entre esas dos posiciones, ninguna de las cuales conviene al pueblo en su conjunto ni a los trabajadores y trabajadoras salubristas.

Nos enfrentamos, pues, a los mismos de siempre. A aquellos a quienes el bienestar de los sectores populares les importa un pepino. A los politiqueros que, con tal de mantener sus cargos y privilegios, son capaces de decretar sentencias de muerte contra el pueblo, como ocurre en este caso.

Considerando lo anterior, en el FNL tenemos la obligación ineludible de empeñar nuestros mejores esfuerzos para lograr dos metas claras y concretas:

1. Que, antes del 30 de Noviembre, en el Congreso de la República se apruebe el Presupuesto para el 2011, y;

2. Que ese presupuesto que se apruebe incluya un aumento de 600 millones de quetzales al Ministerio de Salud.

Lograr estas metas obliga a dar una dura batalla. Ambas debemos alcanzarlas en defensa de los derechos del pueblo y, para ello, es preciso que, con inteligencia, pongamos en marcha una intensa campaña en la que participemos todos y todas.

En el cumplimiento de esa tarea estamos comprometidos.

¡La Lucha Sigue!

jueves, 4 de noviembre de 2010

Solidaridad internacional contra la violencia e impunidad en Guatemala

Compartimos comunicado de solidaridad internacional

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Desde el 24 de octubre de 2009, en el que muere asesinado Víctor Gálvez, dirigente del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), en el marco del conflicto que enfrenta a comunidades del departamento de San Marcos contra la empresa eléctrica española Unión FENOSA, han sido asesinados los siguientes activistas y sindicalistas guatemaltecos:

Evelina Rodríguez, Pedro García, Santos Cruz Nájera, Octavio Roblero, Luís Felipe Chó, Carlos Noel Maldonado Barrios, Leandro Maldonado y Ana María Lorenzo Escobar, Santiago Gamboa Paz, Samuel Ramírez Paredes, Roger Geovanny Ramírez Ávila, Bruno Ernesto Figueroa, Fredy Geovani López Caal, Carlos Enrique Méndez Ramírez.

El 28 de Octubre, Mateo López, destacado dirigente del FNL de Catarina (San Marcos) en su lucha a favor de la nacionalización de la energía eléctrica en el Departamento de San Marcos, recibió 5 impactos de bala y se encuentra gravemente herido. Sin embargo, por razones de seguridad, no está internado en ningún hospital, donde no podría garantizarse su seguridad.

Ninguno de estos crímenes ha sido investigado, a pesar de las denuncias de numerosas organizaciones tanto nacionales como extranjeras.

Ocho de estos asesinatos, más el último atentado contra Mateo López, están relacionados con el proceso de resistencia a las actividades de la multinacional española Unión FENOSA que, a través de dos filiales, DEOCSA y DEORSA, tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en Guatemala. El mal servicio y los precios abusivos son dos de las principales señas de identidad de esta empresa, que ha conseguido de las autoridades guatemaltecas la declaración del estado de prevención en el Departamento de San Marcos (asimilable a una región aquí) desde hace casi un año, para contrarrestar las movilizaciones y acciones que se siguen contra ella por parte de numerosas comunidades que no pueden pagar los precios exigidos por esta multinacional. De hecho, el estado de prevención ha sido utilizado para que el ejército acompañe a empleados de Unión FENOSA a cobrar los recibos de luz.

En ese contexto, resulta insultante que, mientras los medios de comunicación se ocupan un día sí y otro también a hablarnos de los derechos humanos en Cuba, no se diga nada del régimen de terror que impera en Guatemala, país con el que España mantiene relaciones comerciales.

En Guatemala, los derechos humanos son una utopía. Las comunidades rurales de origen maya, siguen siendo hostigadas como consecuencia de que muchas de sus aldeas ocupan tierras que son codiciadas por todo tipo de multinacionales dedicadas a la minería, a la construcción de centrales hidroeléctricas, a la extracción de petróleo, etc., muchas de ellas de capital español. Los dirigentes sindicales y populares son criminalizados, perseguidos y asesinados, sin que se haya puesto en marcha ninguna investigación, a pesar de las evidencias y pruebas sobre quienes pueden estar detrás de estos crímenes. Es una evidencia que este clima de violencia beneficia a determinados sectores económicos y sociales de Guatemala, de la misma forma que es evidente que el pueblo guatemalteco no saldrá del subdesarrollo mientras continúe la violencia generalizada y la ejercida contra quienes luchan por mejorar las condiciones de vida de ese pueblo.

Poner freno a esta sangría debería estar en la agenda de nuestros Gobiernos y de las ONG que, como la nuestra, trabajamos en este país centroamericano.

martes, 2 de noviembre de 2010

Urge que el Estado haga lo necesario

Guatemala, 2 de Noviembre del 2010

¡Alto a la violencia y a la impunidad!

Es urgente que el Estado adopte medidas serias al respecto

En todo el país el crecimiento de la violencia criminal sigue imparable. Se ha llegado a un punto tal en que la cifra diaria de muertes violentas supera ya la que se producía durante los más duros años de la política contrainsurgente. Hoy por hoy puede afirmarse que, en Guatemala, para algunos grupos la vida no vale nada. Lo grave sería que, como sociedad, llegáramos a acostumbrarnos a ello y a considerarlo como parte de lo normal.

Esta inaceptable espiral de violencia se encuentra alimentada por varios factores, entre los que cabe destacarse los siguientes que, obviamente, se conjugan entre sí, sin que se pueda definir con claridad dónde comienza uno y termina el otro:

1.- La impunidad, que sigue siendo el oscuro y denso manto protector bajo el cual se abriga todo tipo de atropello contra el pueblo. En la medida en que los autores materiales e intelectuales se sepan impunes e inmunes, la violencia seguirá creciendo.

2.- La ausencia de voluntad política para poner un freno a esta deleznable realidad que genera. En la medida en que las autoridades competentes se hagan los de la vista gorda ante cada hecho de sangre, la violencia seguirá creciendo.

3.- La incapacidad manifiesta de los cuerpos responsables de la investigación criminal, que no son capaces de encontrar ni a un elefante dentro de una pecera. El Ministerio Público, por múltiples razones, simple y sencillamente no le atina. En la medida en que no existan cuerpos capaces de esclarecer debidamente los hechos criminales, la violencia seguirá creciendo.

4.- La corrupción imperante, que permite que las responsabilidades de muchos funcionarios se compren y se vendan al mejor postor, como meros objetos de mercado. En la medida en que la corrupción, en sus múltiples formas, se adueñe de la gestión pública y de la privada, la violencia seguirá creciendo.

5.- La creciente presencia y poder del crimen organizado dentro del aparato burocrático del Estado, lo que conduce a que los criminales encuentren protección desde el seno mismo de las instituciones públicas y las conduzcan a su antojo y placer. En la medida en que estas redes criminales sigan creciendo en su poder, la violencia, asimismo, seguirá creciendo.

En el marco de esa violencia, la represión selectiva en contra de dirigentes populares se ha colado, también de manera creciente. Hoy las amenazas, los atentados y los asesinatos de hombres y mujeres que han cometido el “delito” de colocarse al frente de las luchas de su pueblo han llegado ya a límites alarmantes. Y nada, absolutamente nada, hacen las autoridades al respecto.

En consecuencia, el próximo Viernes 5 de Noviembre realizaremos una Marcha, que saldrá a las 8:00 a.m. desde el frente de la Municipalidad capitalina y recorrerá hasta el Congreso de la República.

Allí se exigirá a los diputados que se apresuren a aprobar el paquete de leyes sobre seguridad y justicia que se encuentra empantanado y que, según reporta Prensa Libre en su edición del 1 de Noviembre, está bloqueado por presiones de grupos de poder. (Se adjunta el artículo al que se ha hecho mención).

Asimismo, se requerirá la gestión del Congreso para obtener una urgente cita con la CICIG, a efectos de hacerla conocedora de los casos de represión selectiva a los que nos referimos.

Y, también en el marco de esta marcha, haremos un llamado a las organizaciones populares para la creación de una Red o un Frente contra la Violencia y la Impunidad.

¡La Lucha Sigue!

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Prensa Libre

01/11/10 - 00:00 Justicia

Grupos de poder bloquean leyes de seguridad y justicia

Al menos 10 leyes, reformas o reglamentos relacionados con seguridad y justicia permanecen pendientes de aprobación, aunque algunas incluso ni siquiera tienen iniciativa, debido a intereses de grupos de poder y mafias que se mantienen en la impunidad.

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POR FRANCISCO MAURICIO MARTÍNEZ

Diversos sectores señalan que se utilizan prebendas en el Organismo Legislativo para que las normas se engaveten a sean bloqueadas. Además, creen que diputados, funcionarios o empresarios defienden intereses de mafias, para evitar que la justicia llegue a romper las estructuras del crimen organizado.

Entre estas normativas figuran la de extinción de dominio y la de enriquecimiento ilícito, que la comunidad internacional, especialmente el embajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, pide al Congreso de la República que las apruebe cuanto antes.

Además, siguen en lista de espera el reglamento de la Ley de Empresas de Seguridad Privada, la creación del Ministerio de Seguridad, la ratificación del Estatuto de Roma y las enmiendas a las leyes de Amparo, Antejuicio y Orgánica del Ministerio Público, y al Reglamento de la Ley de Armas y Municiones, entre otras normas.

Este paquete es promovido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Mesa Nacional de Seguridad del Congreso de la República, y están plasmadas en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, impulsado por organizaciones sociales, el cual fue suscrito el 15 de abril del 2009 por los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ya tiene un preocupante retraso.

Para agilizar esos proyectos, la Mesa Nacional de Seguridad se puso como meta a inicios de este año aprobar al menos ocho; sin embargo, Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, afirmó que es probable que solo se puedan aprobar la ley de extinción de dominio y las reformas a las leyes de Amparo y de Empresas de Seguridad Privada, aunque por el momento la discusión presupuestaria ensombrezca tal posibilidad.

El futuro de las demás es incierto, ya que, según analistas y legisladores, el próximo año el trabajo de los congresistas estará contaminado por la campaña electoral, puesto que dedicarán mucho tiempo al proselitismo; además, la pugna en el hemiciclo entre los parlamentarios oficialistas y de oposición será una guerra sin cuartel. Muestra de ello es que el Ejecutivo admitió que la creación del ministerio de seguridad solo podrá realizarse hasta el próximo gobierno.

No camina

Pese a los índices crecientes de violencia e impacto del crimen organizado, las iniciativas simplemente no avanzan. Algunas datan del 2005, como el proyecto 3319, que dispone aprobar reformas a las leyes de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuyo ponente es el Organismo Judicial y había sido conocida por el pleno mucho antes de la suscripción del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia.

Fue aprobada en segundo debate y remitida para consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 27 de marzo del 2008.

El 6 de marzo del 2009, la corte dio a conocer su respuesta favorable con cambios a seis artículos y desfavorable a las enmiendas de otros cinco. A partir de entonces quedó varada.

Esta propuesta se encuentra lista para ser conocida en tercera lectura, con las enmiendas respectivas derivadas de la opinión de la CC; sin embargo, más de un año después, no hay avance.

Tema vital, pero relegado

La ley de servicios de seguridad privada empezó a tratarse del 2003 al 2004, cuando se presentaron tres iniciativas, de las cuales una recibió dictamen favorable, pero quedó engavetada desde el 2006.

En la actualidad, esta iniciativa —4212— ya fue consensuada en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso y remitida para su dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde aún permanece.

Cambio postergado

La creación del ministerio de seguridad queda como una tarea para el próximo gobierno. Esto se evidenció después de que el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, y el coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Jiménez, se presentaron a las reuniones de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso el 21 de junio y el 5 de julio. Después no se engavetó.

Entonces informaron que todavía faltaba diseñar la propuesta del Ejecutivo. Esa labor llevará varios meses, quizás hasta finales de este año, por lo cual la implementación y funcionamiento ya no será posible durante la administración de Álvaro Colom, sobre todo al considerar el atraso de iniciativas como la de extinción de dominio.

La creación de este ministerio fue el primer compromiso del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia suscrito por Colom, pero también fue uno de los principales ofrecimientos de la campaña electoral del actual gobierno. También hay dos iniciativas en espera — 40-33 y 40-39 —, presentadas en el 2009 por la Unión del Cambio Nacional y el bloque de Libertad Democrática Renovada.

La guinda en el pastel era la iniciativa que reforma la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), de la cual no se ha presentado propuesta, pese a que el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia afirma que se debe “fortalecer el marco normativo que regule esa institución en las áreas que sea necesario”.

Poderes paralelos

De acuerdo con Carmen Rosa De León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, la aprobación de estas leyes no avanza porque mafias del crimen organizado y grupos de poder paralelo interfieren. “Estas son las organizaciones que debe investigar y desarticular la Cicig”, expuso.

Puso como ejemplo la reforma de la Ley de Armas y Municiones, a la cual De León le dio seguimiento. Aseveró que los diputados recibían prebendas para que no movieran nada. “Lo más fácil —en estos casos— es no hacer nada, para evitar cambios”, señaló.

Juan Ramón Ruiz, secretario ejecutivo del Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOOS), reveló que la discusión de la referida normativa tardó 12 años y se aprobó hasta marzo último —falta que el Ejecutivo avale su reglamento— porque la gente que está en estos negocios no quería que se restringiera la venta de armas y municiones ni que hubiera una dirección general que los controlara o que se reglamentara el funcionamiento de los polígonos.

De León aseveró que la iniciativa de ley de empresas privadas de seguridad no es aprobada porque que hay grupos que comercian al amparo del marco regulatorio, que no es efectivo en ese momento.

Ruiz refirió que los que más obstaculizan ese proyecto son los dueños de empresas que no están legalizadas, ya que desde hace varios años operan con la excusa de que “se encuentran en trámite”, por lo cual funcionan sin control.

Añadió que la Ley del Sistema Penitenciario se llevó 12 años en ser aprobada, pero aún no se implementa porque hasta ahora el Ejecutivo no ha creado el reglamento, lo cual beneficia a grupos que siempre han lucrado alrededor de este sistema, en forma directa o indirecta, o quienes tienen el control interno en los penales.

Todo lo que se debe hacer para mejorar la PNC tampoco prospera. Expertos coinciden en que al crimen organizado le interesa que haya una Policía ineficiente.

Al respecto, Helen Mack, comisionada presidencial para la Reforma Policial, expuso que comienza a trabajar para lograr cambios. Afirmó que es urgente que se apruebe y se fortalezca la PNC, por los altos índices de violencia.

No les conviene

En cuanto a las leyes de enriquecimiento ilícito, Antejuicio y extinción de dominio, los principales opositores son diputados y funcionarios de gobierno, lo cual “es un secreto a voces”, aseguró Mack.

Dijo que al aprobarse estas normas los primeros en salir afectados son los intereses de los parlamentarios, ya que muchos se han enriquecido de manera ilícita o tienen algún vínculo con lavado de dinero o el narcotráfico.

Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, expuso que el letargo se debe a que hay bancadas que manejan doble discurso, ya que “se oponen a estas iniciativas, pero públicamente no lo mencionan, lo cual se entendería como que tienen interés en que no se conozcan”.

Añadió que algo que incide es que los diputados se mantienen en un constante reacomodo que retrasa las agendas.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, que también integra el FOOS, dijo: “Han distorsionado lo que es urgente para el país, lo cual se refleja en que no han agendado ni aprueban los paquetes de leyes de seguridad y justicia”.

Dijo que debaten sobre agendas particulares y las que tienen que ver con la coyuntura.