Guatemala, 20 de Diciembre del 2010
Vuelve la mula al trigo
El Gobierno acude otra vez a su receta universal: El Estado de Sitio
Esta vez, ya el Gobierno ni siquiera se preocupa por disimularlo. Ya no le dice “Estado de Prevención”, o “Estado de Calamidad”, como lo ha hecho en otras ocasiones. Decreta de nuevo un Estado de Sitio, ahora en Alta Verapaz.
El actual Gobierno ha hecho de la represión una política de Estado que emplean como única respuesta ante el descontento popular derivado de sus continuos desatinos. En su gestión, (a la que todavía le resta un año), se han dado el lujo de decretar ya en siete ocasiones el Estado de Prevención o Estado de Sitio.
Esta práctica no es otra cosa más que a la suspensión abrupta de las garantías constitucionales, de los derechos civiles y políticos, en síntesis, el retorno acelerado al ejercicio dictatorial del poder.
Primero, en Mayo del 2008, fueron los empresarios del transporte de carga quienes protestaron ante medidas adoptadas por la Alcaldía Metropolitana. En lugar de atender sus demandas, el Gobierno procedió a decretar el Estado de Prevención, como respuesta ante la protesta de este sector. Es decir, sacó las uñas y respondió con violencia y represión.
En esos momentos, el Gobierno de la UNE tenía tan solo 4 meses de haber asumido las funciones para cuyo cumplimiento el pueblo lo eligió. Pero ya dio la primera muestra clara de que, ante su evidente incapacidad, opta por acudir a la imposición de la fuerza bruta.
Apenas un mes después, cuando vecinos de 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, con toda razón y derecho, expresaron su firme rechazo a la construcción de una planta cementera en su territorio, recibieron como respuesta oficial la suspensión de sus garantías y la incursión de tropas combinadas, las cuales públicamente actuaron con la misión de capturar a los dirigentes comunales.
Estas tropas, dueñas de una actitud propia de las oscuras fuerzas contrainsurgentes que operaron con impunidad años atrás, se encargaron de sembrar pánico entre los vecinos del área afectada por el estado de Prevención.
El Gobierno mandó ni más ni menos que a mil policías y mil soldados para que cumplieran con la orden de localizar y capturar a 12 dirigentes campesinos. Es decir, soltó a sus perros de la guerra contra el pueblo.
A parecer, en el país no hay delincuencia común ni existen bandas de crimen organizado, ni hay violencia impune, dado que las fuerzas responsables de mantener el “orden público” se pueden emplear, más bien, para perseguir a dirigentes comunales. “La violencia se combate con inteligencia”, nos decían durante la campaña electoral. Hasta el momento, no han dado muestras de tenerla, puesto que sólo acuden al uso de la fuerza bruta contra el pueblo.
Luego, a partir del 5 de Octubre del 2008, la represión la dejan caer sobre los pobladores de Coatepeque, en donde las autoridades han decretado el estado de Prevención un récord de catorce veces consecutivas. Habría que revisar si esa práctica política aparecerá en el libro Guinness, porque convendría registrarla.
En este caso, las autoridades adoptaron la medida porque los trabajadores por cuenta propia se resistieron, (y resisten aún), a acatar las órdenes de desalojo que les estaban arbitrariamente imponiendo y que los condenaban al desempleo. Su demanda era simple: que se respetara su derecho a trabajar.
En Diciembre del 2008 fue el turno de Malacatán. En ese Municipio Unión FENOSA cortó la luz el 25 de Diciembre debido a que los vecinos y vecinas estaban hartos de sus abusos y se manifestaron al respecto. En respuesta, el Gobierno les lanzó sus tropas. Malacatán amaneció tomado por el ejército y la policía. 28 dirigentes fueron detenidos. Emitieron órdenes de captura contra alrededor de 100. Se instalaron tanquetas en las esquinas. Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía recorrían las calles. Es decir, sembraron el terror.
Como resultado único de ese acto represivo, no solamente se fortaleció la lucha en Malacatán por la nacionalización de la energía y la consecuente salida de Unión FENOSA del país, sino que se extendió a otros Municipios del Departamento de San Marcos, como Catarina, San Pablo, Ayutla, Ocós, Pajapita, Nuevo Progreso, en fin, la solidaridad se hizo presente.
Después, el Departamento premiado fue Huehuetenango. En este otro nuevo caso, debido a que los habitantes del Municipio, hartos ya de no ser escuchados, se tomaron la Alcaldía para demandar que se resuelvan los problemas que desatiende esa Alcaldía.
Todo indica que este Gobierno está dispuesto a emplear el Estado de Prevención o de Sitio como respuesta universal ante las demandas que emanan desde el seno del pueblo.
No quieren asumir responsabilidades ante el hecho indiscutible de que la protesta popular se da precisamente como justa reacción frente a los resultados emanados de las indecorosas políticas que ellos mismos impulsan desde el ejercicio del poder.
No quieren entender que, como con certeza afirma el refranero popular, “quien siembra vientos, cosecha tempestades”, y que con su actitud represiva lo que logran es exacerbar la cólera social existente. No será nunca desde la represión que se resolverán los problemas que pesan sobre los hombros del pueblo.
Cada vez que decretan un estado de Prevención o lo amplían, aproximan al país a un peligroso punto de ingobernabilidad, del cual podrían derivarse consecuencias aún peores que las que nacen desde las políticas públicas actuales. Actúan, pues, en contra de la construcción de la Paz, y se convierten, con ello, en enemigos directos de la democracia real y participativa.
En todo caso, a pesar de estas prácticas gubernamentales que indican a las claras que estamos de cara al retorno de la represión, la lucha popular se fortalece, crece y se multiplica.
Suspender el ejercicio de los derechos civiles equivale a imponer el ejercicio del poder por la vía dictatorial. El Gobierno, al proceder así, no hace otra cosa más que reconocer su absoluta debilidad e incompetencia.
El 21 de Diciembre del 2009 el Gobierno decretó el Estado de Sitio en todo el Departamento de San Marcos, en claro apoyo a la transnacional Unión FENOSA. Fuerzas de la policía y del ejército acompañaban a los empleados de Unión FENOSA en las visitas domiciliares durante las cuales pretendían que las familias les firmaran acuerdos de pago. Se emitieron 250 órdenes de captura.
Y a partir de hoy, los ciudadanos y ciudadanas de Alta Verapaz vivirán bajo Estado de Sitio, inicialmente decretado por 30 días. Es decir, se les suspenden sus garantías constitucionales durante los días de Navidad y de Año Nuevo. No podrán comerse en paz su tamalito de Diciembre.
Además, con el agravante de que este Estado de Sitio se lo sacan de la manga. En los días previos, ni en los medios ni en ninguna parte se había mencionado ni media palabra sobre que en Alta Verapaz ocurrieran hechos tan violentos que ameritaran esta medida extrema.
Lo que si había ocurrido en Alta Verapaz fue que la población del Municipio de Lanquín, por la vía de la consultas popular y con sólidos argumentos, había dado un rotundo NO a las pretensiones de construir una hidroeléctrica en su territorio. En San Cristóbal la población, usando el mismo mecanismo, también se opuso a la construcción de una serie de torres de alta tensión. Y se preparaba, para Enero, la realización de varias otras consultas comunitarias sobre temas relevantes, las cuales ahora habrá que suspender necesariamente.
No sorprende en absoluto que hoy, a pocas horas de decretado el Estado de Sitio, en la Finca Guajbal los inversores privados metieran de inmediato la maquinaria para iniciar la construcción de la hidroeléctrica de Lanquín, a la que previamente se había opuesto la población.
Tampoco es de extrañarse por el hecho de que la empresa ENEL se apresure a construir las líneas de alta tensión que también fueron rechazadas por la población en reiteradas ocasiones.
Fue tan rápida la acción de estos empresarios, que se puede concluir, sin temor a equivocarse, que estaba preparada de antemano. No se puede demostrar esa articulación, pero se necesitan menos de tres dedos de frente para deducirla.
Es tan probable que en realidad estén persiguiendo al grupo narcotraficante denominado “Los Zetas” como de que se trate de un costoso show para beneficiar a los empresarios que, en alianza con Unión FENOSA, quieren desarrollar proyectos hidroeléctricos.
Ya en San Marcos el Gobierno colocó sus fuerzas al servicio de esta transnacional y en perjuicio de la población. Nada asegura, por lo tanto, que ello no esté ocurriendo de nuevo. El tan publicitado levantamiento de los presos en Pavón resultó ser un show, como ya hoy queda claro. Otro famoso “combate”, el de Tikal Futura, siembra dudas de toda naturaleza.
Es obvio que, en el marco del Estado de Sitio, la protesta popular queda totalmente prohibida. Es decir, que le atan las manos al pueblo y le imponen, por la vía de la fuerza, las obras que la población, con todo derecho, rechaza.
De conformidad con la legislatura vigente, el Estado de Sitio se declara en casos de terrorismo, manifestaciones violentas o rebeliones. Es decir, es un instrumento de control social. Le permite al Estado detener a quien sea sin orden de juez competente. Suspende las garantías constitucionales como el derecho a la libre asociación. Prohíbe las manifestaciones. En fin, es la implantación de la dictadura; del predominio de la fuerza por encima de la razón. Es la suspensión unilateral de la democracia.
Llama la atención que, por parte del Gobierno, no existe la misma actitud ante hechos mucho más graves, como:
· las estafas impunes acaecidas en Bancafé, en el Banco de Comercio y otras empresas financieras;
· como en el desvío impune de 87 millones de las arcas del Congreso;
· como en el desacato y el robo evidente e impune en que hoy abiertamente incurren los empresarios privados de transporte de rutas extraurbanas cortas;
· como en el cobro ilegal e impune de servicios eléctricos que practican mes a mes Unión FENOSA e IBERDROLA;
· como en el incumplimiento del pago del salario mínimo que ellos mismos decretaron y que cientos de finqueros, industriales y comerciantes ignoran tranquila e impunemente;
· como los asesinatos y atentados contra dirigentes sindicales y populares y contra otros defensores de los derechos del pueblo.
En fin, que está claro que el Gobierno actúa con dos medidas diferentes: una, para los ricos, a quienes todo se les tolera y se les protege con un manto de impunidad, y otra para el pueblo, en contra de quienes lanzan sin dudarlo sus perros de la guerra. Esa doble moral debe, por lo menos, ser puesta al descubierto.
¡La Lucha Sigue!
20/12/10 - 07:44 Justicia
Publican decreto del estado de Sitio
El Gobierno emitió el decreto 23-2010 para formular el estado de Sitio en Alta Verapaz que está vigente desde ayer domingo para actuar contra el crimen organizado de esa región, copada por el cartel mexicano de los Zetas.
Patrullas de la PNC patrullan las calles de la ciudad de Cobán y otros municipios de Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Ángel Martín Tax)
POR PRENSA LIBRE.COM Alta Verapaz
El decreto surge ya que "durante los últimos días se han suscitado en Alta Verapaz una serie de hechos graves que ponen en riesgo el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y poniendo en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo".
De esa manera, el Gobierno limita los derechos de libertad de acción, locomoción, reunión, manifestación y portación de armas; se podrán hacer detenciones e interrogatorios a detenidos o presos, según el decreto publicado este lunes en el Diario de Centroamérica.
También se podrían militarizar los servicios públicos e intervenir los privados y ordenar desalojos domiciliares.
Con el estado de Sitio el Ejecutivo podrá disolver cualquier acción individual o colectiva al margen de la ley.
El presidente Álvaro Colom dijo ayer que la medida estará vigente por 30 días o el tiempo que sea necesario e instruyó a las fuerzas de seguridad a actuar con apego a la ley y respetando los derechos humanos.
Ayer mismo trascendieron capturas en aquel departamento pero las autoridades aún no han informado de manera oficial.
En el transcurso de este lunes se espera que representantes de las fuerzas de seguridad den a conocer los primeros resultados del estado de Sitio.
