Ante las amenazas de 32 mil despidos

Guatemala, 26 de Diciembre del 2009

En defensa del derecho al trabajo

Se emplaza al Presidente de la República

Desde finales de Noviembre, distintos Ministros de Gobierno, incluso el propio Presidente de la República, en diversos foros y ocasiones, (que han sido cubiertos y reportados por los medios de prensa), han insistido en que, si no les aprueban su propuesta de Reforma Fiscal, en el 2010 el Gobierno carecerá de fondos suficientes para cubrir sus gastos, lo cual obligará al despido de miles de trabajadores y trabajadoras en el sector público.

En su amenazante anuncio, las autoridades de Gobierno definen que estos despidos afectarán, principalmente, al magisterio, al gremio salubrista, a los trabajadores de Caminos, al MAGA y a la Policía Nacional Civil. Hablan de que prescindirán de una cifra que gira alrededor de los 32 mil trabajadores y trabajadoras.

Estas declaraciones públicas deben entenderse como un anuncio de múltiples propósitos:

· Como una presión desde el Gobierno para que el Congreso le apruebe su propuesta de Reforma Fiscal;

· como una vía para, por medio del temor a perder su empleo, convertir a los empleados públicos en base social de apoyo a su propuesta de Reforma Fiscal;

· como un anuncio con el que buscan preparar el terreno para curarse en salud ante la severa crisis que, como pueblo, nos espera a lo largo del 2010;

· pero, sobre todo, como una severa amenaza contra la estabilidad laboral, contra el derecho al trabajo de decenas de miles de servidores públicos.

Esta amenaza pone al descubierto, una vez más, la posición que este Gobierno adopta de cara a cualquier situación de crisis: que los costos de la misma los paguen los sectores más vulnerables. Caen sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras del sector público como una atemorizante espada de Damocles.

Pero también esta amenaza saca a relucir la verdadera naturaleza del Gobierno: No dice que recortará el presupuesto al Ministerio de la Defensa, no dice que reducirá el presupuesto de las millonarias campañas de publicidad que realiza, no dice que reducirá gastos confidenciales de altos funcionarios, no dice que cobrará impuestos a las transnacionales que saquean al país. Nada de eso. En verdad se pone al descubierto un Gobierno que no gobierna para el beneficio de su pueblo pues, a la hora de recortar, es a la población más pobre a la que le recorta el ejercicio de sus derechos, y es a la que más requiere de la prestación de servicios esenciales a la primera y única que afecta.

El anunciado recorte de 32 mil plazas no debe tomarse como asunto de poca monta. Es, sin duda alguna, un tema de gravedad, que desde el pueblo en su conjunto y desde el movimiento sindical en particular, debe enfrentarse de manera seria.

Por lo pronto, llena de incertidumbre a cada empleado público, por cuanto no sabe, a ciencia cierta, si está o no incluido en esa enorme lista de corte de cabezas. Ante semejante advertencia, hecha pública poco antes de navidades y de año nuevo, a millares de familias les sabrá amargo su tamal, puesto que no tendrán seguridad alguna sobre su estabilidad laboral para el año entrante.

De materializarse la amenaza, no sólo se verán afectadas de manera directa las 32 mil familias, sino que, además, se verán severamente afectados servicios públicos que deben considerarse como derechos irrenunciables de toda la población. Áreas de trabajo vitales para el país, como educación, salud, mantenimiento vial, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, entre otros servicios, (cuya prestación es obligación indelegable del Estado), verán mermada sus nóminas y, en consecuencia, harán todavía menos de lo que hoy hacen.

De concretarse estos despidos se debilitarán más aún las ya mermadas capacidades del Estado para atender las demandas que nacen desde el seno del pueblo, es decir, para cumplir con sus obligaciones. Este debilitamiento llevaría al país hasta un punto muy cercano a la ingobernabilidad.

De procederse por esa vía se abrirían, de par en par, las puertas a una mayor privatización de los servicios públicos, por cuanto el vacío que dejaría la ausencia del Estado para prestarlos sería aprovechada por el sector privado para sacar ganancias y acumular capitales.

En consideración a lo anterior, las organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Lucha tomaron la decisión de acudir a la legislatura vigente y, amparados en la misma, plantear ante los Juzgados de Trabajo un emplazamiento formal al Presidente de la República.

En términos jurídicos, un emplazamiento es un recurso legítimo que, cuando procede, impide a la parte patronal, (en este caso, a las instituciones públicas), realizar ningún despido si no existe consenso al respecto entre quienes emplazan y el emplazado. Es decir, es un recurso que protege a los trabajadores y trabajadoras, quienes no podrán ser despedidos sin causa justificada.

Obviamente, el emplazamiento no protege a aquellos servidores públicos que incurran en faltas graves y se hagan merecedores del despido. No se protege a haraganes, a ausentistas, a bolos, a corruptos, por ejemplo. Esos, en todo caso, son una pequeña minoría. Pero sí quedan debidamente protegidas las decenas de millares de trabajadores y trabajadoras que día a día cumplen a cabalidad con sus funciones.

Acudir, en su defensa, a los instrumentos que contempla la ley es un derecho de cada ciudadano y de sus organizaciones. Por fortuna el recurso de emplazamiento, (hijo de la Revolución de Octubre de 1944), es una conquista laboral que se mantiene válida en beneficio de los trabajadores del país.

El recurso al que hacemos referencia se presentó el pasado Martes 15 de Diciembre ante el Juzgado 6to de Trabajo, y esta instancia ha procedido ya a dar un positivo primer paso: notificar las previsiones a las partes, en este caso, al Frente Nacional de Lucha y al Presidente de la República. Es decir, que la gestión va por buen camino y a un paso adecuado.

Desde el Frente Nacional de Lucha instamos a los trabajadores y trabajadoras del sector público a no dejarse sorprender ni manipular por un Gobierno que pretende colocarlos como carne de cañón en esta constante lucha por el respeto a los derechos laborales.

La amenaza es real. Está anunciada por boca de las propias autoridades.

Es el momento, entonces, de cerrar filas y de presentar, ante el Gobierno, un frente digno, basado en la Ley, el cual, como una poderosa fuerza unitaria, haga valer los derechos de todos y de todas.

Es hora de unidad, de articulación y, claro, de lucha.

¡La Lucha Sigue!