miércoles, 30 de diciembre de 2009

Sobre el aumento al salario mínimo decretado por el Gobierno de la UNE

Guatemala, 30 de Diciembre del 2009

A raíz del aumento al salario mínimo decretado hoy por el Gobierno de la UNE, consistente en 4 quetzales, (las organizaciones populares, con justa razón y sólidos argumentos, pedíamos 10), compartimos la letra de la conocida canción popular latinoamericana, con la que se satiriza respecto a la generosidad abrumadora de algunos descarados, comparable con lo ridículo del aumento:

 

LA BARTOLA

¡Oye Bartola!,
hay te dejo estos dos pesos.
Pagas la renta,
el teléfono y la luz.

De lo que sobre,
coge de ahí para tu gasto.
Guárdame el resto,
pa' comprarme mi alipuz.

El dinero que yo gano,
toditito te lo doy.
Te doy peso sobre peso,
siempre hasta llegar a dos.

Tu no aprecias mis centavos,
y los gastas que da horror.
Yo por eso no soy rico,
por ser despilfarrador.

¡Mira Bartola!,
hay te dejo estos dos pesos.
Pagas la renta,
el teléfono y la luz.

De lo que sobre,
coge de ahí para tu gasto.
Guárdame el resto,
Pa' comprarme mi alipuz.

Si te alcanza pa' la criada,
pos le pagas de un jalón.
Tienes peso sobre peso,
Aunque no pasen de dos.

Guárdate algo pa' mañana,
que hay que ser conservador.
Ya verás cómo te ahorras,
Pa' un abrigo de bisón

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¡La Lucha Sigue!

lunes, 28 de diciembre de 2009

Saludo de Año Nuevo

Tarjeta 2010

Ante las amenazas de 32 mil despidos

Guatemala, 26 de Diciembre del 2009

En defensa del derecho al trabajo

Se emplaza al Presidente de la República

Desde finales de Noviembre, distintos Ministros de Gobierno, incluso el propio Presidente de la República, en diversos foros y ocasiones, (que han sido cubiertos y reportados por los medios de prensa), han insistido en que, si no les aprueban su propuesta de Reforma Fiscal, en el 2010 el Gobierno carecerá de fondos suficientes para cubrir sus gastos, lo cual obligará al despido de miles de trabajadores y trabajadoras en el sector público.

En su amenazante anuncio, las autoridades de Gobierno definen que estos despidos afectarán, principalmente, al magisterio, al gremio salubrista, a los trabajadores de Caminos, al MAGA y a la Policía Nacional Civil. Hablan de que prescindirán de una cifra que gira alrededor de los 32 mil trabajadores y trabajadoras.

Estas declaraciones públicas deben entenderse como un anuncio de múltiples propósitos:

· Como una presión desde el Gobierno para que el Congreso le apruebe su propuesta de Reforma Fiscal;

· como una vía para, por medio del temor a perder su empleo, convertir a los empleados públicos en base social de apoyo a su propuesta de Reforma Fiscal;

· como un anuncio con el que buscan preparar el terreno para curarse en salud ante la severa crisis que, como pueblo, nos espera a lo largo del 2010;

· pero, sobre todo, como una severa amenaza contra la estabilidad laboral, contra el derecho al trabajo de decenas de miles de servidores públicos.

Esta amenaza pone al descubierto, una vez más, la posición que este Gobierno adopta de cara a cualquier situación de crisis: que los costos de la misma los paguen los sectores más vulnerables. Caen sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras del sector público como una atemorizante espada de Damocles.

Pero también esta amenaza saca a relucir la verdadera naturaleza del Gobierno: No dice que recortará el presupuesto al Ministerio de la Defensa, no dice que reducirá el presupuesto de las millonarias campañas de publicidad que realiza, no dice que reducirá gastos confidenciales de altos funcionarios, no dice que cobrará impuestos a las transnacionales que saquean al país. Nada de eso. En verdad se pone al descubierto un Gobierno que no gobierna para el beneficio de su pueblo pues, a la hora de recortar, es a la población más pobre a la que le recorta el ejercicio de sus derechos, y es a la que más requiere de la prestación de servicios esenciales a la primera y única que afecta.

El anunciado recorte de 32 mil plazas no debe tomarse como asunto de poca monta. Es, sin duda alguna, un tema de gravedad, que desde el pueblo en su conjunto y desde el movimiento sindical en particular, debe enfrentarse de manera seria.

Por lo pronto, llena de incertidumbre a cada empleado público, por cuanto no sabe, a ciencia cierta, si está o no incluido en esa enorme lista de corte de cabezas. Ante semejante advertencia, hecha pública poco antes de navidades y de año nuevo, a millares de familias les sabrá amargo su tamal, puesto que no tendrán seguridad alguna sobre su estabilidad laboral para el año entrante.

De materializarse la amenaza, no sólo se verán afectadas de manera directa las 32 mil familias, sino que, además, se verán severamente afectados servicios públicos que deben considerarse como derechos irrenunciables de toda la población. Áreas de trabajo vitales para el país, como educación, salud, mantenimiento vial, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, entre otros servicios, (cuya prestación es obligación indelegable del Estado), verán mermada sus nóminas y, en consecuencia, harán todavía menos de lo que hoy hacen.

De concretarse estos despidos se debilitarán más aún las ya mermadas capacidades del Estado para atender las demandas que nacen desde el seno del pueblo, es decir, para cumplir con sus obligaciones. Este debilitamiento llevaría al país hasta un punto muy cercano a la ingobernabilidad.

De procederse por esa vía se abrirían, de par en par, las puertas a una mayor privatización de los servicios públicos, por cuanto el vacío que dejaría la ausencia del Estado para prestarlos sería aprovechada por el sector privado para sacar ganancias y acumular capitales.

En consideración a lo anterior, las organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Lucha tomaron la decisión de acudir a la legislatura vigente y, amparados en la misma, plantear ante los Juzgados de Trabajo un emplazamiento formal al Presidente de la República.

En términos jurídicos, un emplazamiento es un recurso legítimo que, cuando procede, impide a la parte patronal, (en este caso, a las instituciones públicas), realizar ningún despido si no existe consenso al respecto entre quienes emplazan y el emplazado. Es decir, es un recurso que protege a los trabajadores y trabajadoras, quienes no podrán ser despedidos sin causa justificada.

Obviamente, el emplazamiento no protege a aquellos servidores públicos que incurran en faltas graves y se hagan merecedores del despido. No se protege a haraganes, a ausentistas, a bolos, a corruptos, por ejemplo. Esos, en todo caso, son una pequeña minoría. Pero sí quedan debidamente protegidas las decenas de millares de trabajadores y trabajadoras que día a día cumplen a cabalidad con sus funciones.

Acudir, en su defensa, a los instrumentos que contempla la ley es un derecho de cada ciudadano y de sus organizaciones. Por fortuna el recurso de emplazamiento, (hijo de la Revolución de Octubre de 1944), es una conquista laboral que se mantiene válida en beneficio de los trabajadores del país.

El recurso al que hacemos referencia se presentó el pasado Martes 15 de Diciembre ante el Juzgado 6to de Trabajo, y esta instancia ha procedido ya a dar un positivo primer paso: notificar las previsiones a las partes, en este caso, al Frente Nacional de Lucha y al Presidente de la República. Es decir, que la gestión va por buen camino y a un paso adecuado.

Desde el Frente Nacional de Lucha instamos a los trabajadores y trabajadoras del sector público a no dejarse sorprender ni manipular por un Gobierno que pretende colocarlos como carne de cañón en esta constante lucha por el respeto a los derechos laborales.

La amenaza es real. Está anunciada por boca de las propias autoridades.

Es el momento, entonces, de cerrar filas y de presentar, ante el Gobierno, un frente digno, basado en la Ley, el cual, como una poderosa fuerza unitaria, haga valer los derechos de todos y de todas.

Es hora de unidad, de articulación y, claro, de lucha.

¡La Lucha Sigue!

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Unión FENOSA y Gobierno, codo con codo, agreden al pueblo

Guatemala, 23 de Diciembre del 2009

Regalo de Navidad de Unión FENOSA y del Gobierno:

Estado de Sitio en San Marcos y

250 órdenes de captura contra dirigentes populares

Los medios de prensa escrita, radial y televisiva del país abundaron estos días recientes sobre la difícil situación que enfrenta la población de varios Municipios del Departamento de San Marcos, a quien la empresa Unión FENOSA agredió y sigue agrediendo, primero por la vía de quitarles el suministro de energía eléctrica desde el pasado 15 de Diciembre y, luego, faltando a la verdad al acusar al pueblo de sabotajes y, fundamentados en esa falacia, generar, en contubernio con el Gobierno, un Estado de Sitio.

A.- ¿Quién quitó la luz en San Marcos?

En primer lugar, debe destacarse que este apagón forzado es fuente generadora de graves problemas para la población. Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40 mil vacunas destinadas para los niños y niñas de los Municipios afectados. Creció la incidencia del rotavirus y de la influenza, también con énfasis entre la niñez.

Y, sobre todo, creció la cólera social contra una empresa abusiva y contra un Estado que no escucha la voz que clama desde el pueblo y, por el contrario, sirve fiel y abyectamente a los intereses de las transnacionales.

Los medios de comunicación explican, con toda claridad, cuál fue la causa real que generó este forzado corte de energía desde el 15 de Diciembre. En síntesis, establecen que fue una represalia que adoptó unilateralmente Unión FENOSA en castigo a que las comunidades rechazan su presencia, se niegan a pagar los cobros abusivos, piden la nacionalización de la energía y plantean la creación de empresas municipales que administren este servicio: (Al final del presente comunicado se agregan las informaciones completas publicadas en la prensa).

DEOCSA cesó el fluido de energía tras varios meses de impago y una deuda que llega a Q80 millones. Los vecinos hablan de cobros abusivos”. El Periódico, 19 de Diciembre del 2009.

“El motivo de la protesta la anterior semana fue que la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) suspendiera el fluido eléctrico a 5 comunidades: El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen, debido a que 60 mil personas deben un año de pago. Una cifra que alcanza, según la empresa, los Q80 millones”. El Periódico, 20 de Diciembre del 2009.

El meollo del conflicto fue que un grupo autodenominado Frena ha efectuado conexiones ilegales desde la subestación eléctrica del municipio de Malacatán –que habían tomado a la fuerza- para que los vecinos de cinco municipios (Malacatán, Catarina, El Carmen, San Pablo y El Rodeo) se desligaran de los pagos de la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa), de Unión Fenosa, que, según señaló esta empresa, ha generado pérdidas por Q80 millones, ya que no se han dejado de efectuar los pagos al INDE, que genera la energía. Prensa Libre, 21 de Diciembre del 2009.

Desde las 3:00 a.m. de ayer se restableció el fluido eléctrico en las comunidades del departamento de San Marcos, donde se había interrumpido el servicio debido a que los pobladores adeudan a la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) cerca de Q80 millones en pagos atrasados de un año (esto generó que vecinos bloquearan la ruta hacia México por casi 2 días). El Periódico, 21 de Diciembre del 2009.

Es decir, Unión FENOSA y sus subsidiarias, DEORSA y DEOCSA decidieron, con la plena complacencia de las autoridades del Estado, dejar sin luz a la población. Decidieron despojar a las familias de un servicio esencial, precisamente en vísperas de las navidades, época del año en la que se intensifica la vida en familia. De manera similar, aunque de menor magnitud, habían procedido en Diciembre del año pasado.

Debe tenerse muy presente que Unión FENOSA, al proceder de semejante manera, viola el marco legal vigente y pisotea el propio contrato que legaliza su operación en el país. Sin embargo, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, instancia responsable por mandato legal de velar por la calidad y el costo del servicio, guarda silencio.

Ante estos hechos consumados impuestos por Unión FENOSA la población tiene derecho a preguntarse:

· ¿Qué ley ampara a una empresa privada transnacional para que se tome la libertad de agredir de semejante manera, y con total impunidad, a decenas de miles de familias?

· ¿Por qué las autoridades del Estado adoptan dos actitudes que pueden calificarse como sospechosas: o guardan un silencio cómplice o se pronuncian y actúan a favor de la transnacional?

· ¿Tiene o no tiene derecho la población de ejercer resistencia pacífica pero firme ante los desmanes de Unión FENOSA?

B.- Sabotajes:

Sin embargo, la agresión de este consorcio transnacional contra el pueblo de San Marcos no termina ahí. Ahora acusan a los vecinos de haber saboteado la subestación ubicada en Malacatán, como también puede leerse en los medios de comunicación.

Nada es más falso. En primer lugar, porque ¿a qué grupo de vecinos se les ocurriría sabotear una subestación para quedarse ellos mismos sin luz? Pero, además, porque, desde hace varios meses, la mencionada subestación permanece fuertemente custodiada por fuerzas combinadas del ejército y de la policía. La cuidan más efectivos militares que los que protegen los cuarteles.

Cualquier acción de los vecinos en contra de la subestación hubiera generado, sin lugar a dudas, un indeseable enfrentamiento armado, con un saldo de sangre y de luto. Cuando la empresa afirma que su subestación fue saboteada, simplemente miente, engaña, falta a la verdad, con el propósito de generar confusión.

Sin embargo, es cierta la afirmación de que, en San Marcos, se han producido sabotajes contra el tendido eléctrico, como lo han venido denunciando reiteradamente los propios vecinos y sus organizaciones. Incluso han sido las comunidades y sus legítimas organizaciones quienes han resuelto, por su propia cuenta, los daños causados por estos sabotajes.

Por fortuna existen tres únicos casos de sabotaje debidamente documentados. En los dos primeros, las autoridades capturaron a los hechores de manera infraganti:

El 12 de Julio el país se entera de que Luis Manuel Mejía, de 35 años; Juan Pablo Santizo, de 26; Carlos Vicente Puac, y el ingeniero Miguel Ángel García, de 31, fueron capturados cuando cometían el delito de sabotear precisamente la subestación hoy tan mencionada. Los cuatro resultaron ser empleados de Unión FENOSA. Incluso se informa, literalmente, lo siguiente:

“Guillermo Juárez, del Ministerio Público, quien participó como mediador en la situación, comprobó que había sabotaje en la estación, por lo que ordenó la captura del ingeniero Ángel García, quien fue acusado del sabotaje; mientras que los otros tres empleados fueron dejados en libertad” Prensa Libre, 12 de Julio del 2009

El segundo caso de sabotaje que obra en manos de las autoridades se produjo en Nuevo Progreso, alrededor del 22 de Octubre. Cuatro empleados de la empresa Cobra, al servicio de Unión FENOSA, es decir, bajo contrato de la transnacional, se dedicaban a cortar las líneas de alta tensión y fueron capturados por los vecinos. Finalmente, se los entregaron al Ministerio Público, en calidad de saboteadores confesos y capturados in fraganti.

El tercero, que también califica como sabotaje, ocurre en Coatepeque, en fechas recientes. El 1 de Diciembre, en horas de la madrugada, con respaldo de soldados del ejército, funcionarios de Unión FENOSA retiraron cinco transformadores que suministraban energía a 38 comunidades. Los medios de prensa lo reportaron de la siguiente manera:

“Según los manifestantes, DEOCSA dejó sin luz a 38 comunidades al retirar cinco transformadores de corriente, y la Policía Nacional Civil (PNC) reprimió días atrás una protesta similar en la aldea San Rafael Pacaya II”. Prensa Libre, 2 de Diciembre del 2009.

Lo sorprendente de este caso es que la presión popular, que bloqueó la carretera que comunica con México, logró que, como por arte de magia, aparecieran los cinco transformadores y equipos de Unión FENOSA los reinstalaran.

Debe señalarse que, en ninguno de los tres casos señalados, el Ministerio Público ha abierto expediente legal contra ninguno de los implicados. Todos los involucrados han resultado ser, sin excepción, trabajadores de Unión FENOSA o de empresas asociadas o bajo contrato de la transnacional.

Los hechos ponen en claro quién es la figura que ordena el sabotaje de las líneas. Es, sin duda alguna, la propia empresa española, con propósitos de seguro inconfesables.

En todo caso, los hechos han puesto en evidencia no sólo quién es el verdadero saboteador sino, además, permite ver con claridad el denso manto de impunidad bajo el cual abrigan sus actos ilícitos.

C.- Secuestro:

A la comunidad, con toda la mala intención posible, la señalan, además, de haber retenido por la fuerza al Gobernador de San Marcos. Ese cargo también es absolutamente falso. El Gobernador ciertamente se hizo presente en la subestación de la historia, pero lo hizo por su propia voluntad e, igualmente, se retiró por su propia voluntad al constatar que sus gestiones para que Unión FENOSA reinstalara el servicio resultaron completamente inútiles.

Pero es probable que, partiendo del principio goebbeliano de que una mentira, repetida hasta la saciedad, pasa a asumirse como verdad en el imaginario social, Unión FENOSA miente una vez, miente mil veces, miente hasta el infinito. Y, para darle fuerza a sus mentiras, compra la voz de los medios de prensa, de las altas esferas de instituciones públicas, e incluso de dirigentes sindicales que sirven al mejor postor.

Acusar a los vecinos de ser secuestradores resulta conveniente para sus intereses y, por lo tanto, proceden a hacerlo sin ningún escrúpulo de conciencia. Calculan, de manera equivocada, que con ello debilitan la lucha emprendida por la población. Pero se equivocan de cabo a rabo. Por el contrario, es muy posible que las 60 mil familias de San Marcos que hoy se niegan a seguir siendo víctimas de cobros abusivos, se vean pronto, muy pronto, convertidas en 600 mil a lo largo y ancho del país. Unión FENOSA debe saber que su presencia es considerada indeseable por las organizaciones populares de costa a costa y de frontera a frontera. Y debe saber, además, que su agresión contra el pueblo de San Marcos generará la necesaria solidaridad entre los pueblos. En su lucha, el Departamento de San Marcos no está solo. Por el contrario, lo acompañan la dignidad y la voluntad de lucha de todos los sectores populares. Esa solidaridad se expresará no sólo dentro del país, sino que incluso en su propia casa, allá en España, donde esta gavilla tiene su sede.

D.- Estado de Sitio:

El colmo se produce ayer, cuando el Gobierno de la República, mostrando su ausencia absoluta del mínimo sentido de dignidad nacional y de ejercicio de la soberanía, decreta el Estado de Sitio en el Departamento de San Marcos.

Transcribimos literalmente las garantías o derechos que quedan suspendidos mediante el Decreto Ejecutivo:

“Artículo 4. Medidas.  Durante el plazo del Estado de Prevención se decretan las siguientes medidas:

1.- Limitar el derecho a la celebración de reuniones y manifestaciones públicas y otros espectáculos que afecten la libre locomoción y los servicios públicos y disolverlas por la fuerza si fuere necesario, salvo que se lleven a cabo con previa autorización;

2.- Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública u otros espectáculos en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia;

3.- Limitar el derecho de portación de armas salvo para las fuerzas de seguridad.

4.- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro cuando afecten el funcionamiento de los servicios públicos;

5.- Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público; y

6.- Intervenir los servicios públicos prestados por empresas particulares.”

Es decir, el Gobierno, ante una situación de conflicto entre el pueblo guatemalteco y una transnacional, opta por colocarse al lado de la transnacional y arremete contra el pueblo. Decide suspender la Democracia e instaurar la dictadura. Le apuesta a la represión contra el pueblo para favorecer intereses financieros poderosos.

En los considerandos con los que pretende justificar este atropello, el Gobierno expresa, en el Artículo 2, lo siguiente:

“El Estado de Prevención en el departamento de San Marcos se decreta considerando, que grupos de personas inescrupulosas arrogándose facultades que la ley no les otorga realizan actos vandálicos que van en menoscabo de los intereses de la población tales como la obstrucción de la vía pública, sabotaje a la prestación del servicio eléctrico, amenazas y cobros ilegales por la prestación de este servicio, causando con ello anarquía, perturbación de la paz, la tranquilidad de las personas y la seguridad del Estado…”

Ya hemos podido ver, en páginas anteriores, cómo ha sido Unión FENOSA la única sindicada en actos de sabotaje. Ya hemos visto, también, cómo ha sido esta misma empresa la que no sólo amenaza a la población, sino que pasa de las palabras a los hechos y la agrede. Ya hemos visto, en múltiples ocasiones anteriores, cómo es Unión FENOSA una empresa que acude al robo, al cobro ilegal, con tal de llevar dinero del pueblo hasta sus arcas.

Es esta transnacional la causante de anarquía, de inestabilidad, de ingobernabilidad en cada rincón del país, no sólo en San Marcos. Por ello el pueblo ha hecho suya la consigna. ¡Fuera Unión FENOSA!

Cada uno de los móviles con los que el actual Gobierno pretende justificar la represión se le aplica, como anillo al dedo y de manera exclusiva, a Unión FENOSA.

Por otra parte, el Presidente Colom y su gabinete, al declarar este Estado de Sitio, ponen al descubierto no sólo a qué amos sirven, sino, peor aún, la extraordinaria debilidad que, como Estado, existe hoy en Guatemala. Cuando el Estado opta por hacer uso de la fuerza contra el pueblo para imponer su voluntad, es evidente, entonces, que hay una honda contradicción entre la posición del pueblo y la que sostiene el Estado. Si debemos entender que el Estado existe como concreción de un pacto social, de un consenso nacional, entonces estamos ante hechos que demuestran que, en Guatemala, ese pacto está roto.

Por último, Unión FENOSA ha hecho pública su solicitud de que se emitan órdenes de captura contra 250 dirigentes de organizaciones populares. Es decir, que se descabece el movimiento que demanda la nacionalización de la energía eléctrica. En síntesis, invita al Gobierno a que retroceda un siglo en la historia del país; a que implemente prácticas profundamente anti-populares, de corte filo-fascista, similares a las que privaron en España durante la dictadura franquista, desde donde probablemente las aprendieron.

Los medios de prensa anuncian que se han emitido por lo menos 130 de esas órdenes de captura solicitadas.

Con todo ello, Unión FENOSA y el Gobierno le regalan al pueblo un triste presente de Navidad. Pretenden sembrar terror e incertidumbre. Buscan hacer del miedo un arma colocada al servicio de la codicia.

En todo caso, está claro que, en San Marcos y en toda Guatemala, el pueblo no se rinde. Que no lo amedrentan con sus bravuconadas, con el uso de la fuerza bruta, con la intransigencia, con prácticas que recuerdan los tristes años de las dictaduras.

Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestra solidaridad firme y activa con cada poblador de San Marcos, con cada luchador y luchadora que ha decidido hacer ejercicio de su dignidad y de su decoro.

Exigimos la derogatoria inmediata de ese Estado de Sitio. El ejercicio dictatorial del poder no debe sustituir, jamás, al ejercicio democrático.

Exigimos, también, la expulsión de Unión FENOSA del suelo patrio, por cuanto su presencia ha demostrado ser lesiva para los intereses nacionales. Pero que además proceda judicialmente en contra de esta empresa por sus delitos de sabotajes, terrorismo y violaciones a su propio contrato.

Demandamos del Estado que se declare sin lugar la solicitud de órdenes de captura.

Instamos a la comunidad internacional a manifestar su repudio a esta situación que ha sido impuesta al pueblo y que favorece, de manera exclusiva, los intereses de Unión FENOSA.

¡Viva el pueblo de San Marcos!

¡Fuera Unión FENOSA!

¡La Lucha Sigue!

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Para mejor proveer, adjuntamos los artículos publicados en diversos medios de prensa escrita:

El Periódico, 19 de Diciembre del 2009

Portada:

Gobierno frena protesta de pobladores en San Marcos

DEOCSA cesó el fluido de energía tras varios meses de impago y una deuda que llega a Q80 millones. Los vecinos hablan de cobros abusivos.

Por: Ana Claudia Palma y Louisa Reynolds

clip_image001Foto:  Archivo Los bloqueos se iniciaron desde el jueves por la noche luego que los vecinos se molestaron por el corte de energía.

Ingobernabilidad

>En más de una ocasión se ha reportado el sabotaje o sustracción de postes y transformadores eléctricos; Unión Fenosa, propietaria de Deocsa, responsabiliza al Frena y este responsabiliza a individuos que supuestamente se identificaron como empleados de Deocsa.

>El asesinato de Víctor Gálvez, líder de Frena, el 25 de octubre, acribillado por un desconocido afuera de una agencia de Banrural, ha exacerbado tensiones. La investigación de las autoridades aún no da con los responsables.

Las carreteras de acceso a cinco municipios de San Marcos amanecieron ayer bloqueadas. Se trata de las poblaciones de El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen. La empresa Distribuidora Eléctrica de Occidente (Deocsa), decidió cesar el fluido eléctrico después de meses de falta de pago. Esa decisión motivó la protesta de personas inconformes con el servicio de Deocsa y que mantuvieron detenido el tráfico de más de cuatro mil vehículos, según estimó el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Luis Velásquez.

El funcionario asegura que hay una deuda de Q80 millones de parte de los consumidores a Deocsa. “Han conectado energía ilegalmente”, coincidieron Velásquez y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carlos Colom. La empresa, que había intentado realizar el cobro por diferentes vías, no ha podido hacer la lectura de contadores ni enviar facturas desde hace meses.

Un contingente de 112 policías de las Fuerzas Especiales y 200 soldados fueron enviados al área para despejar las carreteras y resguardar especialmente la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que el año pasado fue atacada por los vecinos y los daños sumaron casi Q400 mil.

Las protestas originaron una reunión de emergencia ayer por la mañana en la que participaron la Fiscalía General y los ministros de Energía y Minas, Defensa, Gobernación, la Comisión Nacional de Energía, el INDE y Unión Fenosa, después de la cual se sumaron 20 órdenes de captura más a las 214 ya existentes.

Velásquez identificó a los agitadores como parte de un ramal del Frente Nacional de Lucha (FNL).
Después de mediodía el alcalde de Malacatán aseguraba en la radio que se había llegado a un acuerdo con los representantes de Deocsa de restablecer la energía a cambio de despejar las carreteras.

La vieja disputa

San Pablo es un municipio dividido. Un 40 por ciento de la población se niega a pagar su factura eléctrica.
“El problema es que hubo cobros muy elevados. Cuando nosotros entramos en 2008, la tasa municipal estaba entre Q26 y Q27 por casa. Pero luego le subieron Q3 sin avisarnos. En la factura dice ‘tasa municipal’ cuando no recibimos un centavo de esa plata”, afirma el alcalde, Rolando Barrios.

Pero aunque se solidariza con las 35 aldeas que consideran alta la tarifa que se les cobra, no está de acuerdo con su decisión de suspender los pagos y afirma que integrantes del Frente en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) está alebrestando a la población y creando una situación de ingobernabilidad.

César de León, un líder comunitario del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta que ha instado a sus vecinos a no pagar, justifica estas acciones afirmando que “llora sangre el hecho de que haya gente que tiene dos focos y paga Q90 al mes”.
Aquellos que han seguido pagando afirman que han sido objeto de intimidaciones por parte de los integrantes de Frena, agrupación que forma parte del Frente Nacional de Lucha.

“Como no nos quisimos acoplar a la gente de Frena, nos quitaron los cables de la luz”, indica Victoriano Reyes, vecino del caserío 15 de Enero, en Malacatán, quien agrega que el meollo del problema es que muchas personas se atrasaron con sus pagos y ahora arrastran deudas de hasta Q8 mil.

Pero De León niega que el Frena haya coaccionado a nadie: “Unas 80 personas desconectaron su contador, pero a nadie se le ha obligado a unirse a la resistencia. Quien tiene para pagar que pague”.
En el municipio de Nuevo Progreso, el tema de las tarifas ha dividido tanto a los pobladores que algunos afirman que el párroco Geldy Barrios se niega a bautizar a los niños cuyos padres estén pagando la luz, alegato que él refuta.
Según Héctor Salvatierra, vocero de Unión Fenosa, el Frena “no es un movimiento genuino” y ha manipulado a la población “con fines políticos”.

Impera la desinformación

Desde hace cinco años los municipios de San Pedro y San Marcos cuentan con su propia empresa eléctrica, un modelo que los vecinos que se niegan a pagar desearían replicar. Pero Rolando Barrios explica que esto supone una inversión millonaria que estos municipios difícilmente pueden permitirse.

Carlos Colom, presidente de la CNEE, agrega que cambiar de distribuidor no reduce las tarifas: “El costo no depende de que el distribuidor sea el INDE, Deocsa o una empresa municipal porque la empresa sólo puede cobrar la tarifa autorizada. El ajuste se da por los precios del petróleo y la CNEE lo tiene que autorizar cada tres meses”. Además, explica Colom, muchas de las 17 empresas eléctricas municipales que existen en el país no cumplen con el reglamento de la CNEE y han contraído cuantiosas deudas con el INDE.

En cuanto a la tasa municipal, Colom afirma que esta es fijada por el concejo municipal y que es imposible que Deocsa la haya aumentado sin la anuencia del mismo.

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El Periódico, 20 de Diciembre del 2009

País:

Sabotean subestación del INDE en Malacatán, San Marcos

El fluido eléctrico fue restablecido ayer en varios lugares de San Marcos. Sin embargo, pobladores arruinaron la subestación del INDE en Malacatán, ayer.

Por: Luis Ángel Sas

clip_image002Foto:  Las autoridades debieron intervenir el viernes, luego de que pobladores realizaran bloqueos.

Cifras

60 MIL USUARIOS
no han pagado energía
eléctrica durante una año.

Q80 MILLONES
le adeudan a Deocsa.

2 DÍAS
bloquearon la carretera hacia México.

4 MIL
vehículos quedaron varados.

234 ÓRDENES
de captura existen contra pobladores.

112 POLICÍAS y 200 soldados están
listos para entrar al lugar.

Desde las 3:00 a.m. de ayer se restableció el fluido eléctrico en las comunidades del departamento de San Marcos, donde se había interrumpido el servicio debido a que los pobladores adeudan a la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) cerca de Q80 millones en pagos atrasados de un año (esto generó que vecinos bloquearan la ruta hacia México por casi 2 días). Sin embargo, a las 2:00 p.m. de ayer, pobladores ingresaron a la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y destruyeron aparatos, lo cual impidió la transmisión de la energía eléctrica dejando a oscuras a los pobladores nuevamente.

“A eso de las tres de la mañana tuve conocimiento de que se restableció el servicio. Estuvo por toda la mañana pero a eso de las dos de la tarde nuevamente hubo un corte”, dijo Rolando Gabriel Barrios, alcalde del municipio de San Pablo, uno de los lugares donde se suspendió la energía por falta de pago.

Héctor Salvatierra, vocero de Unión Fenosa (propietaria de Deocsa), afirmó que ellos restablecieron el fluido eléctrico en la madrugada de ayer pero había problemas en una línea de transporte que pertenece al INDE.

El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Luis Velásquez, informó que los problemas se deben a un “acto de vandalismo” de los mismos pobladores.

“Ya estaba resuelto el problema pero ingresaron (a la subestación del INDE) unos vecinos y arruinaron los equipos. Por eso la decisión ahora del presidente (Álvaro Colom) es ingresar con Ejército y Policía; restablecer el servicio para atender a toda la población”, dijo Velásquez.

Añadió que si se realizan más sabotajes podría declararse Estado de Prevención en las cinco comunidades donde hay problemas: El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la Frontera el Carmen.

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Prensa Libre, 21 de Diciembre del 2009

Últimas noticias

Piden capturas por conexiones ilegales de electricidad en San Marcos 

Por prensa libre.com

08:47 | 21/12/2009

El Instituto de Electrificación (Inde) y Unión Fenosa demandaron hoy la captura de las personas que han incitado las conexiones eléctricas ilegales en la costa de San Marcos, que la semana anterior ocasionaron tensión y bloque de carreteras en ese departamento.

El fin de semana fue liberado el paso entre el kilómetro 272 de la carretera al suroccidente, en el cruce de Orizaba, hasta el kilómetro 285, en la frontera con México, en El Carmen, después de que los vecinos que bloqueaban desde el jueves último accedieran a conectarse de nuevo al sistema legal.

El meollo del conflicto fue que un grupo autodenominado Frena ha efectuado conexiones ilegales desde la subestación eléctrica del municipio de Malacatán –que habían tomado a la fuerza- para que los vecinos de cinco municipios (Malacatán, Catarina, El Carmen, San Pablo y El Rodeo) se desligaran de los pagos de la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa), de Unión Fenosa, que, según señaló esta empresa, ha generado pérdidas por Q80 millones, ya que no se han dejado de efectuar los pagos al INDE, que genera la energía.

Los vecinos bloquearon aquel tramo para recobrar el suministro, que fue cesado para que esa conexión ilegal desapareciera y todo volviera al sistema energético regulado. Técnicos de las entidades en mención efectúan las conexiones, pero condicionado al resguardo que brinden las fuerzas de seguridad, mientras persiste la amenaza de bloqueos si finalmente el servicio no se restablece pronto.

El INDE, Unión Fenosa y sus sindicatos emitieron hoy campos pagados donde demandan la captura de “personas involucradas en los hechos vandálicos que afectan el servicio”, que serían unas 130 personas.

A la población le han pedido que no se deje engañar por grupos, calificadores de desestabilizadores, y a los que señalan de sabotajes y amenazas contra los trabajadores del sistema eléctrico.

Solo en la frontera de El Carmen se estima que hubo pérdidas de entre Q600 mil y Q800 mil por cada día paralizado, a lo que se debe sumar los cientos de automovilistas y comerciantes que debieron permanecer detenidos durante varias horas.

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El Periódico, 21 de Diciembre del 2009

País:

A oscuras en San Marcos y se prevén nuevas manifestaciones

Cuatro comunidades sin servicio. Se esperan protestas y bloqueos en la ruta hacia México.

Por: Luis Ángel Sas

clip_image003Foto:  ElPeriódico Unos 60 mil vecinos de San Marcos no pagan su servicio.

Por lo menos cuatro comunidades de San Marcos están sin electricidad y el ambiente es tenso. Al igual que el miércoles  pasado: un día antes que pobladores bloquearan la carretera que comunica con México por 2 días y 4 mil vehículos quedaran varados.

“No hay servicio (eléctrico) y hay personas que están molestas. El lunes se dice que van a bloquear otra vez, de hecho están cortando árboles en las orillas de la carretera para obstaculizar el tráfico”, indicó el vicealcalde de San Pablo, Justo Monzón.

Luis Velásquez, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, dijo que existe un grupo de policías y soldados cerca que intervendrá si nuevamente se presenta un bloqueo. “Si se sigue complicando se pedirá al Presidente un Estado de Prevención”, dijo Velásquez.

De hecho, mañana se realizará una reunión entre alcaldes, el gobernador de San Marcos, Álvaro Colom y personal de Unión Fenosa, dueña de Deocsa.

El motivo de la protesta la anterior semana fue que la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) suspendiera el fluido eléctrico a 5 comunidades: El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen, debido a que 60 mil personas deben un año de pago. Una cifra que alcanza, según la empresa, los Q80 millones.

El viernes pasado tuvo que actuar la Policía Nacional Civil y el Ejército para desbloquear la vía. En un acuerdo entre el Gobierno y Deocsa se decidió reestablecer el fluido eléctrico para iniciar el diálogo.  Sin embargo, 12 horas después, según Velásquez, un grupo de vecinos ingresó a la subestación del Instituto Nacional de Electrificación y destrozó el equipo, por lo que están sin energía.

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El Periódico, 22 de Diciembre del 2009

País:

Restablecen en 50 por ciento el suministro de energía eléctrica

Autoridades locales y del Gobierno central deciden hoy si implementan el Estado de Prevención en San Marcos.

Por: Erick Girón

El secretario Ejecutivo de la Presidencia, Luis Velásquez, anunció ayer que el fluido eléctrico fue restablecido en el 50 por ciento de las 5 comunidades de San Marcos que se encontraban sin servicio desde el sábado. Se prevé que en un plazo no mayor de 48 horas se normalice.

“El mayor problema que tenemos en este momento para restablecer el servicio con normalidad es solventar detalles técnicos”, comentó Velásquez.

Los municipios afectados son San Pablo, Malacatán, El Rodeo, El Carmen y Catarina. Los habitantes se rehúsan a pagar la factura eléctrica que según Unión Fenosa, la proveedora del servicio, asciende a Q80 millones.
El Secretario Ejecutivo también manifestó que tras los incidentes del pasado sábado, cuando ya se había restablecido la luz en un 90 por ciento y un grupo causó destrozos a la subestación, se solicitó al Ministerio Público otras 20 órdenes de captura, adicionales a las 215 existentes.

Ante esto, el Gobierno no descarta tomar hoy la decisión de implementar el Estado de Prevención que, entre otras medidas, también incluye dejar permanentemente a las fuerzas de seguridad destacadas en el área.

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Prensa Libre, 23 de Diciembre del 2009

Últimas noticias

El Gobierno impone estado de Prevención en San Marcos 

Por prensa libre.com 11:40 | 22/12/2009

El Ejecutivo impuso desde ayer, y por 15 días, el estado de Prevención en San Marcos, donde desde hace un año un grupo sabotea el sistema regulado de energía.

El decreto gubernativo que dio vida al estado de Prevención desde ayer menciona que en esa zona hay grupos “inescrupulosos” que cometen actos vandálicos en menoscabo de la población y del servicio de energía eléctrica.

De esa manera se refiere al grupo que incitó a los vecinos de cinco municipios a recibir el servicio de energía por una vía saboteada y no a través de la que suministra la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa).

A la fecha hay 60 mil personas que no pagan el servicio y la empresa Unión Fenosa ha señalado que ha tenido pérdidas por Q80 millones. Por el sabotaje a la red de distribución energética hay unas 130 personas pendientes de captura.

Desde ayer están limitadas las reuniones públicas y donde las haya sin autorización –como bloqueos- podrán ser reprimidas por la fuerza sin que medie el diálogo; está prohibido el uso de armas de fuego por parte de civiles y se puede restringir el derecho de locomoción.

Los ministerios de Gobernación y Defensa se reservarán información sobre el número de efectivos que se desplegarán a San Marcos para garantizar el orden.

Se espera una conferencia de prensa por parte de los alcaldes de San Marcos, quienes hablarán sobre las medidas impuestas.

con información de geovanni contreras

sábado, 19 de diciembre de 2009

Nuevos abusos de Unión FENOSA

Guatemala, 19 de Diciembre del 2009

Unión FENOSA atenta contra la Tarifa Social

y la emprende contra los vecinos de San Marcos

Desde el pasado 15 de Diciembre Unión FENOSA dejó sin energía eléctrica a la población de Malacatán, de Catarina y de sectores de otros Municipios del Departamento de San Marcos. Debe destacarse el hecho de que se trata de una decisión empresarial, no de un accidente en las líneas ni nada por el estilo. Cortaron la energía simple y sencillamente porque así decidieron hacerlo, en represalia porque los vecinos rechazan la presencia de la transnacional en sus Municipios. En las declaraciones públicas formuladas por los representantes de Unión FENOSA se infiere, con toda claridad, que este corte ocurrió a partir de la decisión empresarial de hacerlo.

Esta acción, que causa enorme perjuicio a cerca de 30 mil familias, debe entonces ubicarse en el marco de un continuo proceso de agresiones que esta transnacional ha emprendido en contra de la población de todo el país.

Que una empresa transnacional adopte la medida de cortar la energía a millares de personas debe calificarse como un atentado y, más aún, como un atentado terrorista, por cuanto afecta un servicio básico esencial y porque lo que busca es sembrar terror entre los pobladores, para que no se atrevan a protestar ante sus constantes abusos.

Dejar a tantas comunidades sin luz, precisamente en Diciembre, genera enormes pérdidas para cada familia, sobre todo en los alimentos que adquirieron de cara a los días de fiesta que se avecinan. Con esa medida terrorista Unión FENOSA conforma su papel como empresa generadora de hambre y de desnutrición, generadora de malestar social, de inestabilidad y, por ende, lesiva para los intereses del país.

Tras pasar tres días sin luz, los vecinos, molestos, optaron por tomar las rutas que comunican México con Guatemala. En época alta de turismo, esta medida provocó que las autoridades hicieran lo necesario para restablecer la energía eléctrica en el sector. La intervención de Monseñor Ramazzini, del Gobernador Departamental y de alcaldes municipales, quienes apoyaron la posición de los vecinos, contribuyó a que finalmente Unión FENOSA cediera y conectara de nuevo la luz.

Esto resuelve el problema coyuntural, pero deja sin solución, en absoluto, el fondo del asunto: Unión FENOSA y sus empresas subsidiarias actúan con una prepotencia sin límites y se han convertido en fuentes generadoras de enormes problemas, al punto en que estas deciden, a su gusto y placer, cuándo suspender el servicio y en dónde. Que un consorcio se sienta dotado de semejantes facultades es algo que no puede ni debe admitirse. Al respecto, son las autoridades del Estado las que deberían tomarse la palabra en defensa de los intereses del pueblo, de la soberanía y de la dignidad nacional.

Pero el caso alrededor de este consorcio español se complejiza aún más porque, el mismo día que optan por dejar sin luz a millares de familias, anuncian públicamente, con total descaro, que han interpuesto acciones legales contra el Estado (precisamente este Estado que ampara sus impunes tropelías), y que objetan la Tarifa Social. Es decir, que la emprenden contra la tarifa preferencial que protege a cerca de 600 mil usuarios, 600 mil familias a lo largo y ancho del país. Presentamos completo el artículo que se publica hoy sobre este tema:

Prensa Libre, 19 de Diciembre

Accionan contra nuevo cálculo de la tarifa social  

En detalle
Medidas de las distribuidoras

Aspectos de las dos inconstitucionalidades:

Las dos acciones de Deocsa y Deorsa pretenden dejar sin efecto la modificación del procedimiento de cálculo del bloque de energía de la tarifa social.

Con ese fallo se modifican las condiciones de contratos entre las distribuidoras y los generadores de la energía, que, según los accionantes, vence en abril del 2010.

Las dos empresas solicitaron a la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la disposición de la CNEE.

14:14 | 18/12/2009

Distribuidora de Occidente, S.A. (Deocsa) y Distribuidora de Oriente, S.A. (Deorsa) plantearon dos inconstitucionalidades contra la resolución 174-2009 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que pretende modificar el procedimiento de cálculo del bloque de energía de la tarifa social.

Las distribuidoras plantearon las dos acciones legales en la Corte de Constitucionalidad, con el fin de dejar sin efecto el fallo de la CNEE.

Los representantes legales argumentaron en los memoriales que la Comisión pretende modificar ese cálculo, que fue aprobado a cada una de las distribuidoras al momento en que se efectuó el proceso de licitación establecido en el artículo 3 de la Ley de la Tarifa Social.

“La Comisión no solo pretende modificar los términos de referencia acordados e integrados a cada uno de los contratos de suministro, sino que además quiere dictar con carácter general un nuevo procedimiento de cálculo, de aplicación inmediata para todas las distribuidoras”, señalan los memoriales.

En los documentos se agrega que en la resolución de la CNEE se modifican las condiciones de los contratos entre las distribuidoras y los generadores del fluido eléctrico, porque se incrementa el precio de la energía que Deocsa y Deorsa adquieren para el suministro del bloque de la tarifa social.

Violaciones

Los abogados señalaron a la Comisión de violar la ley, porque no respeta los contratos de suministro que tienen vigencia hasta el 30 de abril del 2010 y que fueron avalados por las autoridades de esa instancia.

En los documentos también se establece que el Ministerio de Energía y Minas avaló este fallo, a sabiendas de las ilegalidades, porque rechazó un recurso de revocatoria contra la resolución de la Comisión, que fue planteado por las dos distribuidoras.

Por ello, los abogados de Deocsa y Deorsa solicitaron a los magistrados de la CC declarar con lugar las dos inconstitucionalidades, para dejar sin efecto la modificación del referido cálculo.

Al consultar a Carlos Colom, presidente de la CNEE, sobre la impugnación de la resolución de esa entidad, manifestó que aún no había recibido notificación, por lo que no podía opinar al respecto.

El máximo tribunal solicitó los antecedentes del caso a la Comisión, para resolver si rechaza o accede a la petición de las dos distribuidoras.

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De este proceder por parte de Unión FENOSA ante la Corte de Constitucionalidad pueden deducirse varias hipótesis:

1.- Que la transnacional Unión FENOSA está construyéndose una salida de Guatemala que resulte conveniente para sus intereses, agotando progresivamente la vía legal y así estar facultada para demandar al Estado en tribunales internacionales por una cifra tan exorbitante como la que ya están planteando Teco Energy e Iberdrola.

2.- Que Unión FENOSA busca, por esa vía, ejercer aún mayor presión sobre el Estado guatemalteco, para someterlo al dictado de sus caprichos, de sus codicias y de sus voluntades.

3.- Que la transnacional, en ausencia de cualquier escrúpulo, simple y sencillamente pretende usar la ley a su favor, (como con total impunidad lo han hecho desde que adquirieron la distribución de la energía), con miras a incrementar sus ya de por sí abultadas ganancias.

En todo caso, en los últimos cuatro días el país ha sido testigo de dos hechos consumados, protagonizados ambos por la misma empresa:

1.- El corte de energía que arbitraria y abusivamente realizaron en San Marcos, que generó malestar y acción por parte de los vecinos, y;

2.- La interposición de recursos de inconstitucionalidad contra la tarifa social.

Por otra parte, de las declaraciones públicas planteadas por funcionarios de Unión FENOSA se desprende la magnitud de la lucha emprendida por la población en su contra.

Unos 60 mil usuarios de San Marcos llevan más de un año sin pagar la factura por el fluido eléctrico, lo que ha generado una deuda acumulada de Q80 millones, aseguró Aldo García, gerente de Unión Fenosa, empresa propietaria de Deocsa. De acuerdo con García, el movimiento de San Marcos alega abusos en los cobros de las facturas, pero en realidad persigue evadir los pagos a través de conexiones ilegales.

En síntesis, este Señor García, gerente de Unión FENOSA, reconoce que 60 mil usuarios de San Marcos están en abierta lucha en contra de la presencia de su empresa. No se trata, por ende, de un grupito ni mucho menos. Es una multitud de familias que, hartas, han decidido exigir el retiro de ese consorcio.

En las mismas declaraciones, este Señor García arremete, de manera totalmente irrespetuosa, contra la población, acusándola de que lo que no quieren es pagar por el servicio. Es decir, los tilda de ladrones. ¡Es el colmo!. Es la historia de la liebre tirándole a la escopeta. Está claro, para todo el país, que los ladrones han sido y siguen siéndolo ellos. Queremos aclarar que en el FNL, nunca hemos estado a favor del robo ni lo estimulamos, por eso mismo, demandamos que Unión FENOSA deje de robar. Asumimos la actitud de las comunidades en resistencia como una medida totalmente legítima en tanto ha sido víctima de promesas incumplidas, mesas de diálogo burladas, abusos, robos y hasta asesinatos. El negarse a seguir siendo estafados no es un delito.

Y es bueno que sepa este cipayo de apellido García que, si en San Marcos son 60 mil familias, bien podrían convertirse, muy pronto, en 600 mil o más en todo el país, las que decidan por lo menos empezar a cobrarle a Unión FENOSA la factura que nos adeuda por tanto abuso. Está jugando con fuego y puede desencadenar fuerzas que desborden los límites de la paciencia. Sus continuos cortes de energía, sus insultos al pueblo, sus amenazas cotidianas, sus abusos e ilegalidades y el que se pueda afirmar que, mientras no se esclarezcan los hechos son sospechosos por el asesinato de Víctor Gálvez, lejos de atemorizar a la población, más bien la ratifican en su convicción de que Unión FENOSA e Iberdrola deben salir del país.

Ante esta realidad, desde el Frente Nacional de Lucha reiteramos nuestra convicción de que se debe luchar para lograr la renacionalización de la energía y, con ello, la expulsión de Unión FENOSA e Iberdrola del suelo patrio, así como nuestro compromiso de trabajar junto al pueblo hasta que esta meta se logre.

Y exigimos la inmediata destitución de este Señor Aldo García, por cuanto cada vez que abre la boca, destila veneno desde sus entrañas. Debe irse a vivir al país de sus amores, en donde tiene su asiento la empresa a la cual sirve mansa y obedientemente: a España. Debe renunciar a la nacionalidad guatemalteca, por cuanto, desde hace décadas, no ha hecho otra cosa más que causarle daño a la tierra y al pueblo que lo vio nacer.

Por la nacionalización de la energía

¡Fuera Unión FENOSA!

Adjuntamos los artículos publicados en varios medios de prensa nacionales sobre estos temas:

Prensa Libre, 18 de Diciembre del 2009

Últimas noticias

Campesinos mantienen bloqueo en frontera con México

Por prensa libre.com

08:42 | 18/12/2009

La frontera de El Carmen con México, en San Marcos, continúa bloqueada por campesinos que exigen un servicio de energía donde no intervenga la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa).

Este es el segundo día de protestas de vecinos de unas seis comunidades de San Marcos, que paraliza el paso de vehículos y comercio desde y hacia México.

Además de la frontera, está obstaculizado el paso en el kilómetro 272 de la carretera que comunica Malacatán y la carretera al suroccidente, más conocido como cruce Orizaba.

Un administrador de la aduana declaró ayer la paralización de los servicios representa unos Q600 mil a Q800 mil diarios en pérdidas, sin contar lo que ocurre con cada persona que mantiene actividad en ambos territorios.

Los vecinos demandan la expulsión de Deocsa de sus comunidades debido a que alegan que desde hace varios días no tienen energía, a veces el servicio es irregular (cortes de una hora diaria o el día completo) y la compañía impone cobros excesivos.

El gobernador de San Marcos, Francisco Mérida, informó por teléfono que la posición oficial es abogar por el diálogo con la población pues desde el año pasado se conformaron mesas de trabajo para llegar a acuerdos; descartó por el momento que haya desalojo de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Radio Sonora, 18 de Diciembre del 2009

Noticias Destacadas

Noticias Destacadas > Siguen bloqueos y protestas en San Marcos en contra de DEOCSA

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Siguen bloqueos y protestas en San Marcos en contra de DEOCSA

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Por más de 24 horas, ha permanecido bloqueado el paso vehícular en el área fronteriza con México, por parte de pobladores de Malacatán San Marcos, quienes protestan por el servicio de energía eléctrica que presta la empresa UNIÓN FENOSA.

En el mismo lugar, se reportó que el gobernador departamental Ricardo Francisco Mérida y el alcalde de Malacatán Rubén Chávez, permanecen retenidos por los comunitarios.

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Radio Emisoras Unidas, 18 de Diciembre del 2009

Pobladores protestan por el alza en energía eléctrica

Guatemala, Guatemala - Viernes, 18 de Diciembre de 2009

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Foto: Prensa Libre

Por segundo día consecutivo pobladores mantienen algunos bloqueos en las rutas a la frontera con México, en cruce Orizabal, kilómetro 280 y en cruce La Virgen en Malacatán, San Marcos, en este último fue liberado el paso.
Los manifestantes están en desacuerdo por el alza a las tarifas de la energía eléctrica y por los cortes en el servicio.
Esta no es la primera vez que vecinos de este lugar protestan por la misma causa, a la vez que refieren que seguirán tomando medidas de hecho si sus demandas no son atendidas. Mientras tanto autoridades de gobierno mediarán en el caso.
09:43 a.m

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Siglo XXI, 19 de Diciembre

Campesinos levantan bloqueos en San Marcos

Empresa distribuidora demanda pago de facturas atrasadas por Q80 millones que adeudan 60 mil usuarios de varios municipios.

Mynor Perez

Un acuerdo para restablecer el servicio de energía eléctrica en San Marcos puso fin ayer al bloqueo de la frontera de El Carmen, la cual permanecía cerrada desde el jueves por campesinos que demandan la expulsión de la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa).

“Estamos levantando los bloqueos, pero no queremos nada con Deocsa porque nos ha robado mucho con los recibos, los cuales vienen alterados y con cobros excesivos”, afirmó César Licardie, dirigente del movimiento que bloqueó por casi dos días el paso fronterizo con México.

El cese de las medidas de hecho se dio horas después de que el presidente Álvaro Colom ordenó que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército desalojaran a los manifestantes; sin embargo, no hubo necesidad del uso de la fuerza.

Los bloqueos causaron que más de 2 mil vehículos quedaran varados, mientras los inconformes mantuvieron retenidos al gobernador de ese departamento, Francisco Mérida, y al alcalde de Malacatán, Rubén Chávez, informó Luis Velásquez, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

Deben Q80 millones

Unos 60 mil usuarios de San Marcos llevan más de un año sin pagar la factura por el fluido eléctrico, lo que ha generado una deuda acumulada de Q80 millones, aseguró Aldo García, gerente de Unión Fenosa, empresa propietaria de Deocsa. De acuerdo con García, el movimiento de San Marcos alega abusos en los cobros de las facturas, pero en realidad persigue evadir los pagos a través de conexiones ilegales.

Agregó que las líneas de transmisión en dicha zona no han podido ser objeto de mantenimiento, debido a que los pobladores no lo permiten, situación que dejó sin servicio a miles de usuarios de ese departamento. El gerente de Deocsa demandó el pago de las facturas vencidas y dijo que “los plazos  (para que cada usuario pague) están abiertos a 12, 24 o 40 meses, si es necesario”.

60 MIL USUARIOS adeudan a la empresa Deocsa unos Q80 millones.

*Con información de Noé Velásquez

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El Periódico, 19 de Diciembre del 2009

Portada:

Gobierno frena protesta de pobladores en San Marcos

DEOCSA cesó el fluido de energía tras varios meses de impago y una deuda que llega a Q80 millones. Los vecinos hablan de cobros abusivos.

Por: Ana Claudia Palma y Louisa Reynolds

clip_image004Foto:  Archivo Los bloqueos se iniciaron desde el jueves por la noche luego que los vecinos se molestaron por el corte de energía.

Ingobernabilidad

>En más de una ocasión se ha reportado el sabotaje o sustracción de postes y transformadores eléctricos; Unión Fenosa, propietaria de Deocsa, responsabiliza al Frena y este responsabiliza a individuos que supuestamente se identificaron como empleados de Deocsa.

>El asesinato de Víctor Gálvez, líder de Frena, el 25 de octubre, acribillado por un desconocido afuera de una agencia de Banrural, ha exacerbado tensiones. La investigación de las autoridades aún no da con los responsables.

Lascarreteras de acceso a cinco municipios de San Marcos amanecieron ayer bloqueadas. Se trata de las poblaciones de El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen. La empresa Distribuidora Eléctrica de Occidente (Deocsa), decidió cesar el fluido eléctrico después de meses de falta de pago. Esa decisión motivó la protesta de personas inconformes con el servicio de Deocsa y que mantuvieron detenido el tráfico de más de cuatro mil
vehículos, según estimó el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Luis Velásquez.

El funcionario asegura que hay una deuda de Q80 millones de parte de los consumidores a Deocsa. “Han conectado energía ilegalmente”, coincidieron Velásquez y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carlos Colom. La empresa, que había intentado realizar el cobro por diferentes vías, no ha podido hacer la lectura de contadores ni enviar facturas desde hace meses.

Un contingente de 112 policías de las Fuerzas Especiales y 200 soldados fueron enviados al área para despejar las carreteras y resguardar especialmente la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que el año pasado fue atacada por los vecinos y los daños sumaron casi Q400 mil.

Las protestas originaron una reunión de emergencia ayer por la mañana en la que participaron la Fiscalía General y los ministros de Energía y Minas, Defensa, Gobernación, la Comisión Nacional de Energía, el INDE y Unión Fenosa, después de la cual se sumaron 20 órdenes de captura más a las 214 ya existentes.

Velásquez identificó a los agitadores como parte de un ramal del Frente Nacional de Lucha (FNL). Después de mediodía el alcalde de Malacatán aseguraba en la radio que se había llegado a un acuerdo con los representantes de Deocsa de restablecer la energía a cambio de despejar las carreteras.

La vieja disputa

San Pablo es un municipio dividido. Un 40 por ciento de la población se niega a pagar su factura eléctrica.
“El problema es que hubo cobros muy elevados. Cuando nosotros entramos en 2008, la tasa municipal estaba entre Q26 y Q27 por casa. Pero luego le subieron Q3 sin avisarnos. En la factura dice ‘tasa municipal’ cuando no recibimos un centavo de esa plata”, afirma el alcalde, Rolando Barrios.

Pero aunque se solidariza con las 35 aldeas que consideran alta la tarifa que se les cobra, no está de acuerdo con su decisión de suspender los pagos y afirma que integrantes del Frente en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) está alebrestando a la población y creando una situación de ingobernabilidad.

César de León, un líder comunitario del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta que ha instado a sus vecinos a no pagar, justifica estas acciones afirmando que “llora sangre el hecho de que haya gente que tiene dos focos y paga Q90 al mes”.

Aquellos que han seguido pagando afirman que han sido objeto de intimidaciones por parte de los integrantes de Frena, agrupación que forma parte del Frente Nacional de Lucha.

“Como no nos quisimos acoplar a la gente de Frena, nos quitaron los cables de la luz”, indica Victoriano Reyes, vecino del caserío 15 de Enero, en Malacatán, quien agrega que el meollo del problema es que muchas personas se atrasaron con sus pagos y ahora arrastran deudas de hasta Q8 mil.

Pero De León niega que el Frena haya coaccionado a nadie: “Unas 80 personas desconectaron su contador, pero a nadie se le ha obligado a unirse a la resistencia. Quien tiene para pagar que pague”.

En el municipio de Nuevo Progreso, el tema de las tarifas ha dividido tanto a los pobladores que algunos afirman que el párroco Geldy Barrios se niega a bautizar a los niños cuyos padres estén pagando la luz, alegato que él refuta.

Según Héctor Salvatierra, vocero de Unión Fenosa, el Frena “no es un movimiento genuino” y ha manipulado a la población “con fines políticos”.

Impera la desinformación

Desde hace cinco años los municipios de San Pedro y San Marcos cuentan con su propia empresa eléctrica, un modelo que los vecinos que se niegan a pagar desearían replicar. Pero Rolando Barrios explica que esto supone una inversión millonaria que estos municipios difícilmente pueden permitirse.

Carlos Colom, presidente de la CNEE, agrega que cambiar de distribuidor no reduce las tarifas: “El costo no depende de que el distribuidor sea el INDE, Deocsa o una empresa municipal porque la empresa sólo puede cobrar la tarifa autorizada. El ajuste se da por los precios del petróleo y la CNEE lo tiene que autorizar cada tres meses”.

Además, explica Colom, muchas de las 17 empresas eléctricas municipales que existen en el país no cumplen con el reglamento de la CNEE y han contraído cuantiosas deudas con el INDE.

En cuanto a la tasa municipal, Colom afirma que esta es fijada por el concejo municipal y que es imposible que Deocsa la haya aumentado sin la anuencia del mismo.

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Prensa Libre, 19 de Diciembre

Accionan contra nuevo cálculo de la tarifa social  

En detalle
Medidas de las distribuidoras

Aspectos de las dos inconstitucionalidades:

Las dos acciones de Deocsa y Deorsa pretenden dejar sin efecto la modificación del procedimiento de cálculo del bloque de energía de la tarifa social.

Con ese fallo se modifican las condiciones de contratos entre las distribuidoras y los generadores de la energía, que, según los accionantes, vence en abril del 2010.

Las dos empresas solicitaron a la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la disposición de la CNEE.

Protesta
Continúa bloqueo en zona fronteriza con México 

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Habitantes de San Marcos bloquean algunas rutas y la frontera El Carmen. Hondureños, salvadoreños y nicaragüenses se encontrarían a la espera de un paso libre.

Por olga lópez ovando

A las 22.30 horas de ayer todavía permanecía bloqueada la zona fronteriza de San Marcos con México, por pobladores descontentos con el servicio de energía eléctrica, pese a que desde la mañana el presidente Álvaro Colom había ordenado el envío de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército para restablecer el orden.

Una comisión encabezada por el obispo Álvaro Ramazzini y representantes de Deocsa dialogaron con los descontentos, a quienes les pidieron levantar los bloqueos, a cambio de restablecer el fluido eléctrico.
El paso fue liberado por los manifestantes, pero al ver que no había servicio de luz, volvieron a tomar las aduanas y pasos fronterizos.
Luis Velásquez, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, informó que se trata de un problema “añejo”, que comenzó a acentuarse en el 2008, cuando inicialmente unas 20 personas se rehusaban a pagar el servicio, número que fue creciendo hasta llegar a 38 mil.
“El presidente instruyó restablecer el orden, mantener la gobernabilidad y garantizar la seguridad en lo que compete a esas poblaciones, y para ello ha tomado la decisión de usar las fuerzas de la PNC, con apoyo del Ejército”, expuso Velásquez.
Aldo García, gerente de Unión Fenosa —cuya empresa Deocsa se encarga de distribuir electricidad en ese departamento—, dijo que en realidad son 60 mil las personas que no pagan el servicio desde hace varios meses, por lo que adeudan cerca de Q80 millones a la compañía.

Habitantes de San Marcos bloquean algunas rutas y la frontera El Carmen. Hondureños, salvadoreños y nicaragüenses se encontrarían a la espera de un paso libre.

14:14 | 18/12/2009

Distribuidora de Occidente, S.A. (Deocsa) y Distribuidora de Oriente, S.A. (Deorsa) plantearon dos inconstitucionalidades contra la resolución 174-2009 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que pretende modificar el procedimiento de cálculo del bloque de energía de la tarifa social.

Las distribuidoras plantearon las dos acciones legales en la Corte de Constitucionalidad, con el fin de dejar sin efecto el fallo de la CNEE.

Los representantes legales argumentaron en los memoriales que la Comisión pretende modificar ese cálculo, que fue aprobado a cada una de las distribuidoras al momento en que se efectuó el proceso de licitación establecido en el artículo 3 de la Ley de la Tarifa Social.

“La Comisión no solo pretende modificar los términos de referencia acordados e integrados a cada uno de los contratos de suministro, sino que además quiere dictar con carácter general un nuevo procedimiento de cálculo, de aplicación inmediata para todas las distribuidoras”, señalan los memoriales.

En los documentos se agrega que en la resolución de la CNEE se modifican las condiciones de los contratos entre las distribuidoras y los generadores del fluido eléctrico, porque se incrementa el precio de la energía que Deocsa y Deorsa adquieren para el suministro del bloque de la tarifa social.

Violaciones

Los abogados señalaron a la Comisión de violar la ley, porque no respeta los contratos de suministro que tienen vigencia hasta el 30 de abril del 2010 y que fueron avalados por las autoridades de esa instancia.

En los documentos también se establece que el Ministerio de Energía y Minas avaló este fallo, a sabiendas de las ilegalidades, porque rechazó un recurso de revocatoria contra la resolución de la Comisión, que fue planteado por las dos distribuidoras

Por ello, los abogados de Deocsa y Deorsa solicitaron a los magistrados de la CC declarar con lugar las dos inconstitucionalidades, para dejar sin efecto la modificación del referido cálculo.

Al consultar a Carlos Colom, presidente de la CNEE, sobre la impugnación de la resolución de esa entidad, manifestó que aún no había recibido notificación, por lo que no podía opinar al respecto.

El máximo tribunal solicitó los antecedentes del caso a la Comisión, para resolver si rechaza o accede a la petición de las dos distribuidoras.

jueves, 17 de diciembre de 2009

Solidaridad con una insigne luchadora y con su pueblo

Guatemala, 16 de Diciembre del 2009

Solidaridad con el pueblo sahaurí

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La compañera Aminatu Haidar, valerosa y digna representante del pueblo sahaurí, sigue en huelga de hambre.

Ella ha sido una destacada defensora de los Derechos Humanos, de reconocido prestigio, y activista en aras de que la República Árabe Saharauí Democrática sea una realidad como Estado del territorio denominado Sahara Occidental. Debido a su posición pro sahaurí ha sido perseguida y reprimida por el Estado de Marruecos en numerosas ocasiones a lo largo de su vida militante.

En 1987, con tan solo 21 años de edad, formó parte de una manifestación pacífica formada por 700 participantes que exigían el referéndum de independencia del Sahara frente a Marruecos. Tras estas actividades fue presa sin cargos ni juicio en las conocidas como "cárceles secretas" durante 4 años. Allí, sufrió torturas junto a otras 9 mujeres y 50 hombres, saharauis presos.

El Viernes 13 de Noviembre del año en curso ella fue detenida en el Aeropuerto Hassan por fuerzas policiales marroquíes y expulsada de su propio país con rumbo a España, tras requisarle su pasaporte, con lo cual la han convertido en apátrida.

El 15 de Noviembre ella dio inicio a una huelga de hambre que se prolonga ya por un mes y que la ha debilitado físicamente hasta el borde mismo de la inanición. Sin embargo no se han debilitado, en absoluto, su claridad ideológica ni su firmeza política. Su lucha ha generado una situación política compleja, que involucra tanto al Gobierno español como al de Marruecos.

Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestra admiración y nuestro pleno respaldo a esta bravía mujer, cuya lucha por los derechos de su pueblo ha sido y es ejemplar.

Instamos a las autoridades correspondientes a responder de manera efectiva a sus demandas, para que esta huelga de hambre no genere consecuencias irreversibles.

Pedimos a la misión diplomática de España destacada en Guatemala que se sirva hacer llegar nuestra posición a sus autoridades de Gobierno.

Pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala que haga llegar nuestra posición hasta sus homólogos en España y en Marruecos.

¡La lucha sigue!

domingo, 6 de diciembre de 2009

¡¡¡Solidaridad en acción!!!

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Que los ricos paguen como ricos…

Guatemala, 4 de Diciembre del 2009

Sobre la reforma fiscal y el financiamiento del Estado

El CACIF dice que no. El Gobierno dice que sí. ¿Y la voz del pueblo?

Debemos dejar de ver al Estado como botín de unos pocos

y ubicarlo en su correcta función de servidor

para el bienestar de la nación y de su población

antes que de las empresas, las fincas y las transnacionales

Al Congreso de la República no le dio la gana aprobar el presupuesto para el año 2010, razón por la cual el Gobierno tendrá que trabajar con el mismo con el que operó durante el 2009. Ese es, al final, el resultado de una larga serie de truculentas maniobras politiqueras, en las cuales lo que menos tuvieron en cuenta todos los partidos políticos de derecha fueron los intereses del pueblo.

Interpelaciones eternas e insustanciales, demoras de todo tipo, reiteradas faltas de quórum, incluso la aplicación de órdenes de captura emplearon las bancadas como recursos para atrasar el proceso de debate. Al final, la UNE, el Patriota, Líder, la GANA, el FRG, en fin, todas las derechas lograron salirse con la suya y mandaron al cesto de la basura la propuesta presupuestaria que había sido presentada para el año 2010.

Bien sabido es que este año que está por concluir, el 2009, para sufragar sus obligaciones hasta Diciembre, el Estado se vio forzado a emitir una considerable suma en bonos del tesoro y a endeudarse con un fuerte crédito destinado a funcionamiento, hecho que era inédito en la vida nacional. Es decir, que no le alcanzó el dinero contemplado en el presupuesto y tuvo que ver qué hacía. Es fácilmente deducible, por lo tanto, que menos aún le alcanzará para cubrir sus gastos en el año próximo, debido al inevitable crecimiento de la demanda y al previsible incremento en los costos.

Este inevitable desfinanciamiento del Estado, del cual pueden generarse severos problemas para la población, no puede mirarse como asunto de poca importancia. Como ocurre en la vida de miles de familias, cuando se gasta más de lo que se recibe, la crisis se agudiza y los efectos de la misma sin duda alguna pesarán, con especial énfasis, sobre los hombros de los más vulnerables, que en este caso son los sectores populares.

Al igual que ocurre en la vida familiar, ese problema sólo encuentra solución cuando se mejoran los ingresos, cuando se reducen los gastos o una combinación de ambas políticas.

En términos del Estado, entonces, el desfinanciamiento sólo se solucionará a través de dos vías complementarias:

  1. mejorándose la recaudación, o sea, incrementándose los montos que el Estado percibe y,


  2. reduciéndose el gasto público en todos los campos que no afecten la prestación de servicios públicos indispensables, lo cual es obligación indelegable e irrenunciable del Estado mismo.


Para la primera alternativa, es decir, para mejorar la recaudación, a su vez hay distintos caminos por los que puede optarse: (i) Uno es la reforma fiscal, o sea, redefinir los impuestos. (ii) Otro es el de desprivatizar o nacionalizar actividades generadoras de ingresos que fueron entregadas a manos de la codicia de empresas nacionales y extranjeras. (iii) Además, debe considerarse como una urgencia nacional el combate a la evasión, al contrabando y a la corrupción, males generalizados en los cuales diversos sectores privados, incluso del crimen organizado, juegan un rol protagónico. La corrupción no es patrimonio exclusivo del sector público. No olvidemos que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper.

El Gobierno ya planteó una propuesta respecto a la reforma tributaria, pero no ha dicho ni media palabra sobre las otras opciones.


A.- La reforma fiscal:

La actual propuesta del Gobierno contempla nuevos impuestos que, por efecto de cascada, terminan por afectar los bolsillos de los sectores populares. Por ejemplo, los 15 centavos al minuto en la telefonía celular, cifra que las empresas privadas simplemente trasladarán a sus costos de operación y, con ello, a la tarifa que paga mes a mes cada usuario.

Desde el Frente Nacional de Lucha proponemos la urgente necesidad de que, en la reforma fiscal, se contemplen campos como los siguientes:

1.- Gravar con nuevos impuestos las exportaciones de las empresas mineras y petroleras que ya operan. Es sabido que las empresas que extraen recursos desde las entrañas de la Madre Tierra pagan un mínimo ridículo de impuestos, con lo que sólo destruyen el medio ambiente, sin aportar nada al desarrollo del país. El oro, la plata, el níquel, el uranio, el petróleo, entre otros minerales afines, el país simplemente los regala a estas poderosas empresas, cuya avaricia no tiene límite. La Montana, por ejemplo, deja un 1% de su ganancia en el país y se lleva tranquilamente el 99%.

Cierto es que la lucha que ha venido dando el pueblo para que estas empresas depredadoras se vayan del país debe continuar. Pero, mientras estén aquí instaladas, que por lo menos paguen impuestos que compensen el daño que hacen al robarse nuestros recursos sin dejarle al país ni siquiera las migajas. Ya tenemos al ladrón metido dentro de la casa. Habrá, pues, que sacarlo. Pero, mientras tanto, no dejemos que nos siga robando lo que le de la regalada gana.

Nada justifica que la CGN, la Montana, la Basic Resources, entre otras transnacionales afines, se llenen las manos y bolsillos con nuestros recursos naturales, con nuestro sudor e incluso con nuestra sangre. Deben ser expulsadas del país, pero, mientras estén aquí instaladas, que paguen lo que deben pagar. Al Estado le corresponde cobrarles lo que deben, en lugar de ampararlas bajo un manto de impunidad fiscal y penal.


2.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de agro-combustibles. Guatemala ya se convirtió en país exportador de agro-combustibles hacia mercados estadounidenses. El Ingenio Palo Gordo, por ejemplo, exporta ya 120 mil litros diarios de etanol a mercados estadounidenses. Este negocio sólo beneficia a los empresarios que producen y exportan estos productos, y no genera nada en absoluto para el desarrollo del país. Por el contrario, conduce a que la tierra se emplee para producir combustibles que llenen tanques de vehículos en otros países, en lugar de producir el alimento que se necesita para llenar estómagos de niños desnutridos en nuestro propio país. Es una actividad generadora de hambre y pobreza, cuya plus-ganancia nace desde los salarios miserables que pagan durante la zafra. A esa ganancia, construida con el sudor del pueblo, debe cargársele una tasa impositiva que haga justicia.


3.- Cargar con nuevos impuestos a licores y a cigarrillos. Bien sabido es que los licores, (hijos también de la caña de azúcar), así como los cigarrillos, son productos dañinos para la salud. El abuso del licor ha causado enorme daño a la vida de millares de familias. Se trata de artículos sobre los que deben pesar más impuestos.


4.- Aumentarle los impuestos a la publicidad. La publicidad comercial (y dentro de ella debe incluirse a la publicidad para la política, porque los candidatos se venden igual que un desodorante o una gaseosa), en todas sus múltiples manifestaciones, no le deja absolutamente nada a la sociedad. Las vallas publicitarias, los anuncios en la prensa escrita, los spots televisivos, las campañas radiofónicas, todo ello, no genera nada que redunde en beneficio de la sociedad ni, mucho menos, de los sectores populares. Lo que si generan es contaminación visual, auditiva y consumen grandes cantidades de energía eléctrica.

Son meros mecanismos de inducción hacia consumos en muchos casos innecesarios. Son artimañas que se emplean, también en muchos casos, para promover un estilo de vida más que un producto. Y ello con el agravante de que, al final, es cada ciudadano quien sufraga cada centavo de inversión en esas campañas, porque sus costos simple y sencillamente se trasladan al precio de los productos. Es preciso, por ende, ponerle nuevos impuestos a la publicidad para, con ellos, financiar la prestación de servicios públicos esenciales.


5.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de los bancos. El sistema financiero, en su conjunto, no solamente se ha convertido en una trampa para los usuarios del mismo, (los casos de BanCafé, del Banco de Comercio, de los Bancos Gemelos, del IPM, etc., lo demuestran), sino que se ha convertido en una forma de usura legal que genera inmensas ganancias. Estas ganancias deben pagar más impuestos destinables al beneficio del pueblo, aunque, claro, ello no les guste a los dueños de los bancos ni al CACIF.

De hecho, tenemos la certeza de que el CACIF pondrá el grito al cielo y se opondrá con toda su energía a cualquier propuesta de reforma tributaria. Para ellos, "impuestos" es sinónimo de mala palabra. La lucha para que se aplique una reforma que no lesione los derechos de los sectores populares, por lo tanto, no se dará sólo ante el Estado sino, además, ante esa minoría poderosa que se representa en las cámaras empresariales.


6.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de alimentos de los grandes exportadores no así a los pequeños y medianos productores. Los alimentos que se producen en suelo nacional deben destinarse, sobre todo, para satisfacer las necesidades de nuestro propio pueblo. Toda la exportación de alimentos, sobre todo en el caso del azúcar, significa que menos tierra se dedica a la producción de los alimentos que necesita, con urgencia, nuestro pueblo. En consecuencia, deben fijársele nuevos impuestos a estas exportaciones, por cuanto contribuyen a la multiplicación del hambre y de la desnutrición crónica a lo largo y ancho del país.


7.- Cargarle fuertes impuestos a la comercialización, tenencia y portación de armas y municiones. Es obvio que la creciente violencia se estimula a partir de un fácil acceso a armas y a municiones. Ambos rubros deben gravarse con nuevas cargas impositivas que limiten su trasiego, su tenencia y su portación.


8.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de las empresas de televisión monopólicas. En Guatemala, un solo dueño controla todas las frecuencias de televisión nacional. Y se trata de un empresario mexicano. Las jugosas ganancias que extrae del país este señor deben ser sujetas a mayores cargas tributarias, aparte de que se debe legislar para romper con ese monopolio.


Pero, además de los nuevos impuestos a los que se ha hecho mención, es necesario garantizar que el Estado destine los recursos que obtenga por esa vía, de manera exclusiva, para cubrir los costos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad alimentaria, trabajo, vivienda, caminos y otros afines. Son abundantes los ejemplos de mal uso o destino de los recursos del Estado. Deben, por ende, fijarse candados legales que impidan que los recursos captados se desvíen hacia otros fines. Deben, necesariamente, destinarse hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales para la prestación de servicios púbicos de calidad, accesibles y suficientes, para lo cual es preciso que se inviertan en ellos mejores presupuestos.


B.- Reducción del gasto público:

Para financiar las obligaciones sustantivas del Estado, el gasto público puede reducirse, sin afectar los derechos irrenunciables del pueblo, a través de varias vías:

1.- Reducción de salarios de funcionarios de alto nivel en todo el aparato estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), quienes, a pesar de ser este un país no desarrollado, ganan salarios principescos en todas las instituciones públicas.

2.- Reducción de gastos de representación y gastos confidenciales en todo el Estado. Estas partidas presupuestarias, que abundan, deben desaparecer por cuanto se prestan a todo tipo de corruptelas.

3.- Reducción de gastos en publicidad en todo el Estado. De esta manera, además, se elimina, por lo menos en alguna medida, la posibilidad de que, desde el día mismo en que se sientan en las sillas en las que el voto popular los ubica, los políticos de derecha empleen los recursos del Estado para hacerse propaganda.

4.- Reducción de gastos en eventos públicos desde el Estado.

5.- Reducción del gasto en un ejército que no presta ningún servicio al desarrollo del país y que, más bien, se ha convertido en una carga pesada e inútil al presupuesto. Se necesita invertir en medicinas, no en municiones. Es preciso poner más camas en los hospitales y no en los cuarteles. Se debe invertir en ambulancias y no en vehículos militares. Debe pagarse personal entrenado para dar vida y no para matar.


C.- Nuevas fuentes de ingresos:

Para mejorar la recaudación a favor del Estado y que se cuente con recursos financieros suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos adecuados, accesibles y de calidad, debe plantearse la nacionalización de áreas estratégicas que han sido entregadas a manos de empresas privadas, de consorcios, que se llevan del país jugosas ganancias, con las cuales se podrían pagar todos los gastos necesarios en salud, educación, vivienda, etc.

1.- Nacionalización de la telefonía. Más que un impuesto a la telefonía celular, debe procederse a la nacionalización de esta actividad económica. Telefónica, Claro, Tigo, etc., no le han dejado al país nada bueno. Solamente han servido para encarecer los costos y llevarse cuantiosas ganancias. A cambio, incluso, de un pésimo servicio de telefonía, que emplea todo tipo de maniobras y artimañas sin control para estafar al usuario.

2.- Nacionalización de la energía. Unión Fenosa e Iberdrola han saqueado al país. Solamente por concepto de VAD, se llevan anualmente más de 400 millones de dólares, (3.200 millones quetzales), cantidad suficiente para abastecer debidamente a toda la red hospitalaria del país. Y eso es sólo por el VAD. La ganancia que al final se llevan puede llegar al doble de eso. Esos recursos deberían ser administrados por el Estado, y eso es lo que piden las comunidades en todo el territorio nacional.

Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestro firme apoyo a una propuesta de reforma tributaria que contemple los conceptos arriba descritos. Con idéntica firmeza rechazamos cualquier impuesto que termine por salir desde los bolsillos del pueblo.

Instamos al Gobierno de la República a promover una reforma como la descrita y a no permitir que el CACIF se siga saliendo siempre con la suya.

¡LA LUCHA SIGUE!