lunes, 31 de marzo de 2008

Guatemala, 30 de Marzo del 2008

¿Hacia dónde llevan al país?


Los hechos políticos acaecidos en fechas recientes obligan a formularse la pregunta que titula este comunicado. El país, conducido por la voluntad de las autoridades estatales y de grandes empresarios, ha comenzado a dar pasos en una dirección sumamente peligrosa, caracterizada por el uso de la violencia militar como vía para la resolución de conflictos y por la criminalización de todas las expresiones propias de la lucha social. Esta alarmante pauta puede desembocar incluso en incontrolables estallidos sociales y en la generación de un marco de ingobernabilidad tal que amerite incluso una eventual ruptura del orden constitucional.

En Livingston, las actuales autoridades gubernamentales, al ordenar la intervención de cientos de efectivos del Ejército y de la Policía, buscaron resolver por la fuerza bruta una situación que, a todas luces, en su solución requiere una dosis mínima de inteligencia, y establecen, así, que la violencia contra el pueblo es un recurso al que no temen acudir en absoluto. El asesinato de Mario Caal, que sigue sin esclarecerse, es la síntesis de la aplicación de esta bestial política.



Y de seguido, cuando todavía pesan en el ambiente las preocupaciones derivadas de los hechos de Livingston, de una forma absolutamente arbitraria, abusiva y unilateral, se militariza San Juan Sacatepéquez. De manera masiva e intimidante, se lanzan tropas sobre la población. Dos mil efectivos para capturar a 12 dirigentes comunitarios. Fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía desplegadas en las calles de aldeas que cometen el flagrante delito de oponerse a los intereses económicos de la familia Novella.

Los pobladores de San Juan Sacatepéquez, con sólidos argumentos a su favor y haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen a que en su tierra se instale una planta procesadora de cemento. Realizaron incluso una consulta popular amparados en lo que establece el Convenio 169 de la OIT, y el resultado de la consulta fue abrumadoramente favorable a los intereses del pueblo, al igual que ha ocurrido en decenas de situaciones afines en otros municipios del país, alrededor de temas como la explotación minera a cielo abierto o la construcción irracional de plantas hidroeléctricas.

Ante estos hechos políticos protagonizados por el propio pueblo, la Corte de Constitucionalidad, actuando a contrapelo del derecho mismo y de la concepción básica del término “democracia”, se colocó una vez más al lado de los intereses de las transnacionales y de sus socios locales, y decreta el carácter no vinculante de las consultas populares. Es decir, determina que, jurídicamente, para el Estado la voz del pueblo no cuenta. Con ello, sienta las bases para que, desde el Estado, la violencia suplante la inteligencia al momento de enfrentarse la voluntad soberana de los pueblos ante la codicia sin límite de los poderosos.

Los hechos ocurridos en Livingston y de San Juan Sacatepéquez son, al final, la manifestación inevitable derivada de esas posiciones adoptadas por el Estado. Y, aunque sumamente graves en sí mismos, son apenas la punta visible de un inmenso iceberg ante el cual Guatemala, como país, viene resultando poco menos que el Titanic. Con el agravante de que quienes conducen la nave, aunque sabedores de los riesgos, no temen en dirigirla en línea directa de colisión contra ese iceberg. Resulta evidente que el Capitán del barco y su tripulación nos llevan hoy hacia una evitable catástrofe y, aunque lo saben, parece no importarles en absoluto. Casi como si existiera la intención de hundir al país en un estado de desastre y de ingobernabilidad del que únicamente podrían salir airosos los intereses más egoístas y codiciosos, incluido el propio crimen organizado.

En Guatemala podría reeditarse lo ocurrido en el Titanic: al hundirse el barco, sólo los que viajaban en primera clase tuvieron posibilidad de acceder a los barcos salvavidas y salvarse. Aquellos que viajaban en otras clases, aunque eran la mayoría, sin más ni más se ahogaron en las frías y tenebrosas aguas del Norte y luego, cuando años después hicieron la película, sólo fueron considerados en el papel de simples extras.

Vamos hacia un caos intencionado, casi pareciera que planificado. Tanto así que el Gobierno, de la mano con los sectores empresariales más atrasados, se empeñan en realizar una intensa campaña mediante la cual buscan, a toda costa, desacreditar a las organizaciones populares ante la opinión pública, asociándolos artificialmente con el narcotráfico y con el crimen organizado. “No negocio con terroristas”, reza el discurso incluso del propio Presidente de la República. “Narcotráfico controla a invasores de tierras”, señalan malintencionadamente los grandes titulares de los grandes medios de prensa.

La portada misma que empleamos en la página inicial como ilustración, habla de las aldeas que han sido militarizadas y, allí mismo, aborda el tema de los detenidos tras la masacre de narcotraficantes en Zacapa. Esa sinonimia no es de ninguna manera casual ni ha sido la única. Pretenden sembrar, en el imaginario social, la absurda idea de que el movimiento indígena y campesino, las organizaciones comunitarias, el sindicalismo, las organizaciones estudiantiles, en fin, las expresiones legítimas del pueblo, son nidos de narcotraficantes y de terroristas.

No es casual, tampoco, que en las mismas fechas en las que se dan estos hechos, acuda al país una delegación de oficiales del Ejército estadounidense, y que, a su lado, el propio Vicepresidente de la República exponga que se debe duplicar al Ejército. En el marco de esa conferencia de prensa, el Embajador estadounidense anuncia la donación de cuatro helicópteros y de alrededor de US$ 20 millones para combatir al narcotráfico y al terrorismo.

Con ello, ¿qué pretenden los de aquí y los de allá?, ¿hacia dónde nos quieren llevar?

Para encontrar respuesta a estos y a otros interrogantes afines, es evidente que se requiere ubicar, con la mayor precisión posible, a aquellos intereses que saldrían beneficiados del hundimiento del país, así como las áreas concretas en las que se mueven esos intereses.

Controlar los yacimientos de petróleo; desarrollar la cruda explotación minera; manejar a su antojo la generación y distribución de energía; ejercer dominio exclusivo sobre los recursos hídricos; dejar de producir alimentos y, en su lugar, destilar etanol; construir costosos complejos turísticos; imponer el libre comercio; abolir los derechos laborales; justificar el incremento de la presencia militar foránea en nuestro suelo, entre otros afines, parecieran ser los móviles implícitos y subyacentes en el accionar del poder real y de las autoridades de Gobierno.

Es obvio que cada uno de esos temas amerita, por sí mismo, un profundo estudio y debate. No es en un comunicado que se pueden abordar como se debe, pero cuando menos deben mencionarse. En síntesis, se empuja a los sectores populares del país hasta el borde mismo del despeñadero para favorecer la imposición del modelo neoliberal, la imposición del “capitalismo salvaje”, como lo llamaba el Papa Juan Pablo II.

Ante semejante agresión, los sectores populares tenemos la obligación de cerrar filas, de construir alianzas, de enfrentar la amenaza como un solo y sólido cuerpo social, capaz de salir airoso ante este desafío, en defensa de los derechos e intereses de las grandes mayorías.

No podemos aceptar ni permitir que los hechos de Livingston y de San Juan Sacatepéquez se reediten ni, mucho menos, que se conviertan en la norma de procedimiento del Estado.

Debemos exigir, con firmeza, que se esclarezca el asesinato extrajudicial del compañero Mario Caal y que se aplique la justicia. La impunidad no puede seguir siendo el manto que ampare los crímenes cometidos por los poderosos o en defensa de sus egoístas intereses.

Debemos exigir que se respete la voluntad del pueblo emanada en las consultas populares.

Debemos enfrentar, en unidad, la campaña mediática que han desatado en contra de las organizaciones populares.

¡La Lucha Sigue!

miércoles, 26 de marzo de 2008

Comunicado de los COCODES de Livingston

Compartimos con cada uno y cada una de Ustedes y con sus respectivas
organizaciones, el texto del comunicado que emitieron los COCODES de
las Comunidades de Livingston, llamando a la solidaridad a las
organizaciones campesinas. Aunque su comunicado se dirige de manera
específica al sector campesino organizado, en el FNL estimamos que los
hechos acaecidos en Livingston, dada su gravedad y relevancia, deben
asumirse como un tema nacional.

No es de ninguna manera aceptable que las ejecuciones extrajudiciales
se reinstalen como parte de la respuesta del Gobierno ante las
demandas del pueblo al que está llamado a servir.

El guardar silencio ante esta atrocidad que tuvo lugar en Livingston
significaría la adopción de un nivel de complicidad no sólo con los
hechos, sino con el retorno de la represión.

Conviene recordar aquel muy leído poema, que afirma que:

"Primero se llevaron a los comunistas, pero a mi no me importó, porque
yo no lo era.
Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mi no me importó, porque
yo tampoco lo era.
Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mi no me importó,
porque yo tampoco lo era.
Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco
me importó.
Ahora me llevan a mi pero ya es tarde..."
Martin Niemöller

Desde el FNL instamos a las organizaciones auténticamente
comprometidas con el pueblo a que expresen, de manera concreta y
activa, su solidaridad con los vecinos y vecinas de las 11
comunidades, cuyo comunicado trasladamos íntegramente.

Instamos también a la ciudadanía, en su conjunto, a que reflexione y
tome conciencia de que, ante la magnitud de lo ocurrido, se debe
adoptar una posición firme y clara. Al fin y al cabo, bien cierto es
el refrán popular que sostiene que "quien calla, otorga".

Y demandamos del Gobierno el pronto esclarecimiento de los hechos que
condujeron al asesinato del compañero Mario Caal. La impunidad no
puede ni debe continuar siendo el manto que cubre los crímenes cuando
estos favorecen a los poderosos.

¡La lucha sigue!
_________________________________________

De: Comunidades Campesinas de Livingston

A: Organizaciones Campesinas.

Estimados y Estimadas.



• ENTRE MAS UNIDAD, MAS FUERZA
• SOLO EL PUEBLO, SALVA EL PUEBLO


El jueves 20 de marzo del presente año a las nueve de la mañana se reunieron los COCODES de las once comunidades de Livingston, por el fin de buscar otro mecanismo para exigir y demandar al Gobierno de todos los actos recientes cometidos.

Todas estas comunidades salieron por grupo para analizar en relación de lo que esta sucediendo internamente dentro del área.

1ro, hicieron un análisis de toda la expresión del presidente de la republica.

2do, el lento proceso de la liberación de nuestro compañero Ramiro Choc

3ro, las órdenes de Captura que tienen los otros compañeros.

4to, la tragedia que hicieron las fuerzas militares en Punta Arenas

5to, el mantenimiento de los dos hijos del compañero Mario

6to, la demanda agraria

Las comunidades en el momento de análisis y discusión general consideran tomar acciones mas pacificas para llevar procesos de estos casos que ellos consideran importantes para demandar el gobierno ya que el, esta pronunciando en estos últimos días por Radio Punto que quiere prestar atención a estas comunidades pero, entablando una mesa de negociación.

Si embargo ellos sienten que este espacio es oportuno que las demás comunidades que están en la demanda agraria aprovechan y empiezan ya unirse para tener la unidad como campesinos.

Como comunidades campesinas estamos totalmente unidos para esta lucha pero consideramos que es importante que nuestras organizaciones campesinas, que nos den la mano para salir y entrar a otra escala mas cuando ellos les consideran mas viable para solucionar este sufrimiento que estamos viviendo.

Ante ustedes como organizaciones campesinas les hacemos a sus conocimientos nuestra propuesta que consideramos que nos va ayudar a demandar el estado.

1. Una marcha en Puerto Barios en frente del Ministerio Publo y personas que entraran a negociar.

Estrategia:
Anticipar convocatoria en todas las instancias a manera que tengan bien claro lo que se realizará ¿Por qué? Por que el ministerio publico deberá de saber porque están las ordenes de capturara y es por eso que se hará la convocatoria al señor presidente, al gobernador/a, al alcalde Municipal, al Juez de Paz, la Procuraduría de los Derechos Humanos las organizaciones campesinas y miembros de las comunidades para abordar en la mesa los puntos de agenda que aparece.

Otra Propuesta.

Establecer comisión en las comunidades y con las organizaciones campesinas para la mesa de negociación pero siempre y cuando con la presencia de los organismos del estado y ver por si los abogados que están llevando el proceso del compañero los unimos en la mesa.

Como Objetivo:
Procurar que los medios de comunicación y el gobierno del estado ponernos en contra y neutralizar en sentido todas las inconformidades que ellos tienen .

Detener el proceso de los ordenes de captura que se ha establecido.

Lograr la liberación del compañero Ramiro Choc.

Exigir el gobierno del estado que debe de mantener la Familia del compañero fallecido asta que cumplan los 18 años los niño.

Estas son las propuestas de las comunidades y ellos esperan que todas las organizaciones campesinas den sus punto de vistas y se espera que las organizaciones llegan en esas comunidades para unir fuerzas como mencionaron anteriormente que este momento no sienten que no solo para ellos si no que para todos y todas los y las compañeros y compañeras campesinos en orto lugar.


Los esperamos pues para coordinar estas actividades y nos gustaría que nos informan fecha cuando ustedes consideren para llegar en las comunidades y nosotros estaremos anuentes para recibirlos.


Atentos Saludos que el Creador y Formador los acompañen.


Att. COMUNIDADES DE LIVINGSTON


Abelino Chub
Abel_502@yahoo.com
Cel. 51732953

domingo, 16 de marzo de 2008

SANGRE DEL PUEBLO EN PUNTARENAS

Guatemala, 15 de Marzo del 2008

Un urgente llamado a la cordura

Hoy, desde aproximadamente las 6 p. m., las fuerzas armadas que el Gobierno envió a Izabal arremetieron, con lujo de violencia, contra la comunidad de Puntarenas, en Río Dulce. Como saldo, se registra por lo pronto la muerte de un compañero campesino, Mario Caal Bolón, la desaparición de tres personas, Victoriano Cac Cuz, José Rax e Isabela Solís, (esposa de Ramiro Chox, quien permanece detenido), además de decenas de personas heridas y víctimas de diferentes lesiones, incluidos niños y niñas severamente afectados por los gases lacrimógenos. Las tropas que intervinieron llevaban consigo incluso motosierras, con las cuales destruyeron las viviendas de cientos de familias en la comunidad de Puntarenas, lo que inevitablemente hace recordar los dolorosos años de la política de tierra arrasada.

No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que el Estado retome esas prácticas, que deberían quedar en el pasado y respecto a las cuales todavía falta que se imponga la justicia. Pero estamos a inicios del Siglo XXI, y nada justifica que, desde el Gobierno, se acuda de nuevo a métodos represivos caracterizados por la brutalidad y el salvajismo. Durante su campaña electoral, el Presidente Álvaro Colom expresó infinitas veces que “la violencia se combate con inteligencia”. Sin embargo, con estos hechos recientes dan muestras de que no les tiembla el pulso para llenarse sus manos de sangre con tal de imponer su voluntad como Gobierno.

Para resolver un conflicto de naturaleza política, han convertido a Izabal en teatro de operaciones militares. Han querido hacer prevaler el imperio de la fuerza bruta por encima del de la razón y, con esas pautas, de manera absolutamente irresponsable crean condiciones para el incremento de la violencia.

Ya se ha vertido sangre del pueblo en las tierras de Puntarenas. ¿Cuánta más es precisa para que se entienda que no es así como se resuelven las cosas? Todo el conflicto surgido en Izabal ha sido mal manejado desde sus orígenes. Nunca se ha abierto un espacio real a un diálogo maduro y responsable, al punto de que el Gobierno no ha querido honrar los compromisos que ha asumido ante la comunidad. Nunca se ha buscado una verdadera solución negociada ni madura, sino que se ha pretendido resolver a la brava lo que, por esa vía, sólo agudizará contradicciones.

Lo que sí ha habido, por parte de las autoridades de Gobierno e incluso del propio Presidente de la República, ha sido demagogia irresponsable, promesas no cumplidas y palabras lanzadas al viento. Por ejemplo Colom prometió hoy, en declaraciones ante Radio Sonora, que “hablaría con los campesinos mañana, dado que tenía otras cosas en su agenda”, pero, antes de hacerlo, rompió fuego contra los hombres, mujeres y niños de Puntarenas.

La violencia debe cesar. Esa debe ser la primera y principal de las metas. El Estado es el primer responsable para poner un alto a esa escalada de violencia y, para ello, ciertamente requiere hacer uso de un nivel de inteligencia que, hasta el momento, ha brillado por su ausencia. El pueblo no puede seguir poniendo los muertos en cada conflicto que se relacione con los problemas sustantivos que afectan al país.

Desde el Frente Nacional de Lucha hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para que, con carácter de urgencia, pidan al actual Gobierno que cese en sus prácticas represivas y antipopulares.

Llamamos también a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, comunitarias, juveniles, de mujeres, de personas de la tercera edad, en síntesis, al movimiento popular organizado, a que se pronuncie ante estos hechos y, a una sola voz, condenemos el retorno de la represión.

Llamamos al Congreso de la República y a las diferentes bancadas que lo conforman a que interponga sus buenos oficios para ponerle fin a la pauta de violencia que se ha desencadenado.

Instamos al Gobierno a que, de manera inmediata, no solamente retire a sus perros de la guerra, sino a que abra un verdadero diálogo, del cual emanen soluciones de consenso entre las partes. La negociación seria es la vía para que el Estado salga del atolladero en el que se ha metido.

¡No al retorno de la represión!

¡La lucha sigue!

jueves, 13 de marzo de 2008

Craso descaro del Ministro de Trabajo

Guatemala, 12 de Marzo del 2008

¡Qué consenso ni qué ocho cuartos!

Este Gobierno lleva al pueblo y a sus legítimas organizaciones de sorpresa en sorpresa, con el agravante de que éstas cada vez se tornan más y más ingratas e inaceptables. El divorcio entre las promesas de campaña con las que se granjearon el voto popular y la realidad de su gestión al frente de la cosa pública es abismal. Lo que hacen dista años luz de lo que dijeron que harían. Su práctica es la antípoda de su discurso. En síntesis, en apenas 60 días, las autoridades del nuevo Gobierno se las han ingeniado para tirar por tierra, en tiempo récord, prácticamente todas y cada una de las esperanzas que crearon durante los meses de campaña electoral, dejando al desnudo no sólo la demagogia extraordinaria de la que son dueños sino, peor aún, la hipocresía que los caracteriza.

Pero en esta ocasión, y por mucho, se les fue la mano. Sin escrúpulos de ninguna naturaleza el Ministro de Trabajo, en declaraciones hechas públicas en Siglo XXI en su edición de hoy Miércoles 12 de Marzo, miente y afirma que los sectores patronal, sindical y estatal lograron llegar a un consenso para reformar la estructura jurídica laboral vigente. Es decir, decreta la muerte del Código de Trabajo y anuncia que se le introducirán reformas de fondo.

En primer lugar, el Ministro miente cuando sostiene que el movimiento sindical avaló esos planteamientos. Lo cierto es que las más numerosas y beligerantes organizaciones sindicales existentes en el país no sólo no han sido consultadas al respecto, sino que ni siquiera sabían de la intención gubernamental y empresarial de acabar con una de las más relevantes conquistas de la Revolución de Octubre, como sin duda alguna lo es el Código de Trabajo. No hay, pues, tal consenso.

En la edición impresa de Siglo XXI, solamente se recogen algunas declaraciones incoherentes y vagas expresadas por Enrique Torres, con las cuales, de una manera timorata, se avala esta propuesta. Por muy cuñado que el Señor Torres sea del Presidente Colom, lo cierto es que ello no lo convierte, en absoluto, en voz autorizada de las organizaciones sindicales del país. Se equivoca el Ministro de Trabajo si cree que, porque ya lo habló con Enrique Torres, significa que ya obtuvo el consenso del sindicalismo en su conjunto.

El Licenciado Torres es el asesor del STEG y quizás de algún otro sindicato, pero hasta ahí. Debe quedar perfectamente claro que los asesores son lo que su cargo indica: asesores. Ello no los transforma en representantes ni, mucho menos, en voceros legítimos del sentir y el pensar de las organizaciones sindicales que asesoran. Mucho menos aún del movimiento sindical como un todo. Todos los sindicatos tienen sus propios órganos de dirección que son los llamados a representarlos.

Es muy probable que el Licenciado Torres haya sido un excelente asesor legal para el magisterio. Ello lo evidencian tanto el “magnífico Pacto Colectivo que abriga a todos los maestros y maestras del país, conquistado en forma pronta y eficiente”, como la “forma impecable en que ganó sin resabios de duda la batalla jurídica alrededor de la destitución de Joviel Acevedo”. Es muy posible, dada la magnitud de sus logros, que su trabajo efectivamente valga los 35 millones de quetzales que anunció que les cobrará a los maestros. Pero, aunque sea dueño de todos esos méritos, ello no significa que deba considerársele el interlocutor oficial de los sindicatos ante el Estado y sus instituciones ni ante el sector empresarial. Eso el Ministro de Trabajo parece no entenderlo.

No existe, pues, el tal consenso que anuncia el Ministro. Por el contrario, semejante manipulación malintencionada, por parte del Gobierno, de un tema tan delicado y sensible más bien tiende a polarizar posiciones y a generar condiciones de enfrentamiento. El Ministro pretende colocar a las organizaciones sindicales y a la clase trabajadora en su conjunto ante un grave y alarmante hecho consumado, fundamentándose en consensos que él sabe perfectamente que sólo existen en su imaginación.

Dice el Ministro, en sus declaraciones públicas, que “el Código de Trabajo no está obsoleto; está muerto”. Es bueno que sepa que esos muertos que el Ministro mata gozan de buena salud. Ese Código sigue siendo, a lo largo y ancho del Continente Americano, uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en materia laboral. Y lo es porque fue elaborado durante los únicos años dorados y de grato recuerdo vividos en la historia del país: la década de la Revolución de Octubre. No queremos significar, con ello, que no resulte conveniente introducirle reformas que mejoren la tutelaridad en beneficio de la clase trabajadora. Pero esas reformas no son, ni por aproximación, las que se anuncian en las declaraciones del Ministro de Trabajo.

La que más destaca el artículo periodístico es la anunciada desaparición de la Comisión Nacional de Salario, instancia tripartita responsable por ley de la determinación del salario mínimo. La propuesta plantea, como ya se ha advertido en comunicados anteriores del FNL, que se traslade a las Municipalidades la facultad de definir ese salario en su área de jurisdicción territorial, lo que llevaría al país a contar con diferentes tablas salariales. El 27 de Diciembre recién pasado, siendo aún Presidente Electo, Álvaro Colom hizo públicas esas intenciones y, en aquella malhadada entrevista, anunció que el salario mínimo podría así reducirse a 30 quetzales, para que la Municipalidad atraiga la inversión extranjera. Es decir, sin sonrojarse siquiera propuso que en el país se rebaje el salario mínimo, y buscó descargar esa culpa sobre los Gobiernos Locales.

También anuncian que, por ley, se crearán sindicatos únicos en las instituciones públicas y privadas. Es decir, según lo sostiene el Ministro, que “se prevén cambios en el funcionamiento de los sindicatos”, sin que se esclarezca a qué cambios se refiere.

Y anuncia, además, que se reclasificarán los puestos en el sector público, según lo establezcan las reformas que le introducirán a la Ley del Servicio Civil. Esto significa, ni más ni menos, que se proponen introducir de nuevo ante el Congreso de la República la propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil que ha sido derrotada por la lucha sindical ya en dos ocasiones anteriores.

Y pretenden introducir en el Código de Trabajo, ¡vaya sorpresa!, los conceptos de salario por productividad y de pago por horas. Ante esta idea, sería recomendable que el Ministro y sus asesores se tomen la molestia de leer siquiera la letra concreta del Código vigente, porque establece, desde 1947, el salario por productividad como una de las variantes contractuales en las relaciones obrero- patronales. ¿No será, entonces, que lo que pretenden entonces es consagrar el salario por productividad como forma principal, si no única, de determinar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del país?

Luego, anuncian su voluntad de otorgarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos, por mandato legal, el papel de inspectoría de trabajo, pero solamente en lo referido al trabajo de los y las menores de edad. A ver qué opinan los expertos en materia de ombudsman respecto a este papel ejecutivo que pretenden asignarle a la PDH nacional.

Ninguna de estas ocurrencias ha sido consensuada con el movimiento sindical. Ni una sola de esas ideas cuenta con el aval de las principales organizaciones sindicales del país. Y todas esas absurdas propuestas violentan una amplia gama de convenios, pactos, tratados y acuerdos internacionales que, en materia de derechos laborales, son claros al establecer el papel tutelar que debe preservarse en la letra y el espíritu de la legislación laboral.

Desde el Frente Nacional de Lucha condenamos enfáticamente el abuso en el que a todas luces incurre el Ministro de trabajo, al falsear de manera tan grave la realidad.

No es aceptable que, desde cualquier cartera ministerial, se engañe de semejante manera a la población, y menos aún para defender los intereses del CACIF y de los sectores poderosos, aunque ello signifique lesionar, de manera flagrante, los derechos de las grandes mayorías de la población.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos a las organizaciones sindicales y populares, incluso a aquellas que, de manera equivocada, dieron su respaldo decidido y llamaron al voto por la candidatura de Álvaro Colom, a que sumen sus esfuerzos en una imprescindible lucha unitaria en defensa de los derechos laborales, hoy tan severamente amenazados por aquellos que, con su colaboración, ahora ocupan espacios de poder dentro del Estado y los emplean reiteradamente en perjuicio del pueblo.

Desde el frente Nacional de Lucha llamamos a las bancadas de los diferentes partidos políticos a que reflexionen respecto a las implicaciones que, en función de la estabilidad nacional, se derivarían de estas barbaridades, y a que, a tono con ello, expresen de manera enfática y firme su repudio ante las reformas legales que desde el Gobierno pretenden introducir.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos al pueblo a que abra los ojos ante las atrocidades ante las que este nuevo Gobierno coloca a los sectores populares un día sí y otro también.

¡La Lucha Sigue!

P.D.: les dejamos el link a la página de Siglo XXI donde se encuentra la noticia:
http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias¬iciaid=18683

miércoles, 12 de marzo de 2008

Asesinan a dirigente de los panificadores

Guatemala, 12 de Marzo del 2008

Siguen segando la vida de dirigentes sociales

Ayer, una vez más, la violencia incontenible que ha hecho presa del país vistió a un gremio de luto. En este caso las balas asesinas cobraron la vida del Presidente de la Cooperativa de Panificadores, Guadalupe Horacio García Cifuentes. Las autoridades no han dudado un segundo en atribuir el crimen a la delincuencia común. Sin embargo, a efectos de evaluar este nuevo hecho de sangre, conviene conocer los antecedentes que conducen a la materialización de este condenable delito.

En Guatemala, las pequeñas empresas panificadoras se han visto seriamente golpeadas a partir, sobre todo, de la conjugación consecutiva de tres factores adversos:

(i) la llegada al país de la empresa mexicana Bimbo, que incluso emplea el “dumping” como competencia desleal para sacar del mercado a las panaderías de barrio. Al punto de que una de las mayores industrias productoras nacionales, la del Pan Banquete, ya fue absorbida sin más ni más por la Bimbo;

(ii) la entrada en vigencia del TLC, que favorece a los grandes consorcios y atenta contra la sobrevivencia de la pequeña y mediana empresa en prácticamente todos los campos productivos propios de la vida nacional, incluida la producción y comercialización del pan y de productos afines, y;

(iii) el encarecimiento en los precios de la harina desde Julio del 2007, cuando estaba a Q152 el quintal, hasta los Q 342 que cuesta actualmente. Este desmedido aumento incide de manera negativa sobre el precio de venta de los productos y, con ello, golpea tanto a las familias consumidoras como a las panaderías que no cuentan con fuertes capitales de respaldo.

Según datos no oficiales, como producto de los factores expuestos en los últimos dos años en el país han cerrado más de mil 200 panaderías de barrio, es decir, pequeñas empresas, lo que ha generado la pérdida de más de 3 mil empleos y ha convertido a mil 200 propietarios en proletarios, con el agravante de que, ante la nula oferta de empleo, para sobrevivir a muchos no les ha quedado otro recurso más que el de irse a probar suerte en Estados Unidos.

Ante esa situación, el gremio de pequeños panificadores se organizó y ha venido planteando ante el Estado distintas reivindicaciones, con las cuales buscan proteger la existencia de sus ya precarias empresas y, a su vez, defender los intereses de la población. A la cabeza de estas luchas se colocó Don Guadalupe García, quien la semana pasada dirigió un paro de actividades en las panaderías ubicadas en las zonas 12 y 21 de la Ciudad Capital, área bajo su jurisdicción. Y para los próximos días se contemplaba la suma de nuevas regiones al paro convocado por el gremio. De hecho, el vespertino La Hora informa que ayer se sumaron al paro Chimaltenango, la zona 6 de Mixco, la zona 13 de la Capital y Boca del Monte.

Por su parte el Gobierno, representado en este caso por la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, respondió amenazando con multas a los pequeños empresarios que se sumaran a las medidas de hecho.

Estando así las cosas, ayer, mientras Don Guadalupe trabajaba en la atención a sus clientes a bordo de su pick-up, desde un carro de color blanco abrieron fuego en su contra, dándole muerte a tiros. El ataque fue directo en contra de su persona e indica a las claras una planificación previa.

Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestro repudio ante semejante crimen y demandamos de las nuevas autoridades su pronto y efectivo esclarecimiento, tanto en términos de autores materiales como de autores intelectuales. Ya va siendo hora de que estas nuevas autoridades den muestras de estar en capacidad de combatir la violencia con inteligencia, tal cual con tanta insistencia prometieron.

El ataque mortal contra el dirigente del gremio de los panificadores se constituye en un ataque contra todos los pequeños y medianos empresarios del país y, además, contra todas las personas que luchen por la defensa de los derechos e intereses del pueblo. En consecuencia, debe esclarecerse tan pronto como sea posible. La palabra la tienen las nuevas autoridades de Gobierno.

¡La Lucha Sigue!
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Nacionales
Martes, 11 de Marzo de 2008


Descartan que robo sea el móvil
Asesinan a Presidente de panificadores
Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt



"Sus sueños eran luchar por la cooperativa, la importación de harina y poder hacer un molino para tener mejores precios", dijo el gerente del gremio de panaderos, Fredy Alonso, al recordar la actividad del presidente de Coounipan, Guadalupe Horacio García Cifuentes, de 49 años de edad, asesinado con arma de fuego dentro de su picop P 462-DDK, esta mañana, en la 13 avenida y 19 calle zona 12, colonia La Reformita.

Su acompañante Eulalia Isabel Secaida Morales, de 40 años de edad, resultó herida y fue trasladada al Hospital Roosevelt por Bomberos Municipales, mientras que un ayudante que entregaba pedidos en una tienda cercana resultó ileso. Los atacantes de este nuevo caso de violencia, supuestamente se movilizaban en un carro color blanco cuando atacaron al panadero.

Los panificadores agremiados atribuyen el suceso trágico a la delincuencia común y no como probable consecuencia de las actividades de huelga en algunas panaderías o rechazo a los altos precios de la harina para panificación, que sin remedio elevaron los precios por unidad durante los últimos días.

Sus familiares que llegaron al lugar y su esposa, Ofelia de León, lamentaron que hayan asesinado a una persona trabajadora y de intensa lucha diaria. Mientras que panaderos amigos mostraron su dolor, angustia, temor, inquietud y derramaron lágrimas por lo ocurrido a su líder.

"Anoche hubo reunión con nuestro Presidente de la cooperativa y se analizó un correo electrónico que recibimos, acerca del contingente de 10 mil toneladas de harina, previsto para ser importado en los próximos días, el cual no sería en totalidad para las cooperativas de panaderos, pues debe ser compartido con otros. Asimismo, sobre el 10% que abría que pagar por la importación, cuando antes se pagaba cinco% ", dijo el gerente de Coounipan.

Según el gremio de panaderos, la importación de harina dura es urgente para mantener el precio del pan en 3 unidades por Q1, porque al pequeño panificador y al consumidor final es a quienes más han golpeado y golpean en su bolsillo, las alzas de precios por quintal desde julio de 2007. Antes un quintal valía Q152, ahora el precio es Q342, señalaron.

La pasada semana hubo paro en panaderías de las zonas 12 y 21, territorio de trabajo del líder asesinado. Hoy se sumaron Chimaltenango, zona 6 de Mixco, zona 13 y Boca del Monte. La Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) en días anteriores advirtió sobre posibles multas a aquellos que dejaran de abastecer de pan al mercado.

Nacionalización de Deorsa y Deocsa

Guatemala, 11 de Marzo del 2008


Una luz en medio de tanta oscuridad

Durante el Gobierno presidido por Álvaro Arzú, el patrimonio nacional fue víctima de uno de los peores negocios que puedan imaginarse. Si entendemos que el patrimonio nacional está conformado por los bienes que califican como área de propiedad del pueblo, entonces la víctima, en ese caso, fue todo el pueblo guatemalteco. El pésimo negocio al que hacemos referencia fue la venta de la red nacional de distribución eléctrica a la empresa española Unión Fenosa.

En aquel entonces, sólo los activos existentes y en funcionamiento, a través de los cuales se distribuye la energía eléctrica, estaban valorados en US $ 250 millones. Sin embargo, las autoridades los vendieron tranquilamente en la suma de US $ 101 millones, generándole al Estado, sólo en esa transacción, una pérdida de 149 millones de dólares, que se los ganó la empresa española o vaya Usted a saber quiénes, pero los perdió el pueblo. Aquello fue una especie de reedición del viejo y criticado trato propio de la conquista y la colonia, donde los extranjeros se llevaban nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio o de espejitos, con el agravante de que al país no le quedaron, en este caso, ni siquiera los espejitos.

Ese negocio, que en su arranque fue malo, demostró luego, día con día, ser todavía peor, sobre todo en perjuicio de los sectores populares, sobre quienes cae el peso principal de la crisis energética generada a partir de esa lesiva transacción. La empresa Unión Fenosa, desde que se instaló en el país, puso en evidencia una sed de lucro sin límites, acompañada de una clara incapacidad y ausencia de voluntad por prestar un servicio que calificara siquiera como regular. El pueblo guatemalteco recibe hoy una energía cara y de mala calidad, inestable, irregular, proveída sobre todo a través de dos empresas ineficientes que son ambas propiedad de Unión Fenosa: DEORSA y DEOCSA.

Los problemas que genera Unión Fenosa a la población no son exclusivos de Guatemala. Ya en República Dominicana el malestar popular, expresado a través de múltiples formas, forzó al Gobierno de aquel país a expulsar de su suelo a esta empresa, y en Nicaragua la labor de este consorcio español ha sido causante de tal cantidad de graves problemas, que su presencia tiene allí los días contados.

Sin embargo, el pasado 5 de Marzo los medios de prensa informaron al país que 19 diputados de la UNE se proponen presentar para su aprobación, ante el pleno del legislativo, un proyecto de ley para la nacionalización de Deorsa y Deocsa. Fundamentan su planteamiento en sobradas razones referidas, sobre todo, a los altos costos y a la pobre calidad del servicio brindado por estas dos empresas privadas extranjeras.

Esta iniciativa, que además busca rescatar para el país la soberanía en el campo energético, es a todas luces correcta en la medida en que la misma no vaya acompañada de ningún tipo de indemnización a favor de Unión Fenosa. Más bien, debería ser al revés y debería sancionarse a esta empresa española por el robo a derecho del que nos hizo víctimas en 1998 y por los robos cotidianos que se evidencian en los cobros elevados y en la mala calidad del servicio que prestan.

Desde la perspectiva del Frente Nacional de Lucha, el que un grupo de diputados se lance a la palestra política con una propuesta como la mencionada se constituye en un buen precedente, digno de aplauso. Infortunadamente, según lo expresa la información hacha pública por los medios de prensa, este grupo de diputados ni siquiera fue recibido por el Presidente Álvaro Colom, quien les dio con la puerta en las narices. Instamos a estos 19 legisladores a que no cedan ni claudiquen en su propuesta. Los asiste la razón. Los acompañan la justicia y el sentido común. Están haciendo lo correcto en función de los intereses y derechos del pueblo.

Invitamos a la bancada de URNG, como única y legítima representación de la izquierda en el Congreso de la República, a que se adhiera a esta iniciativa y de su respaldo decidido a los 19 diputados que la han planteado. De igual manera, deberían de sumarse a la misma todos los diputados y diputadas de cualquier bancada que sientan compromiso real con el pueblo guatemalteco. Es una buena ocasión para que empiecen a limpiar el rostro del Congreso, seriamente manchado por actitudes y prácticas antipopulares.

Nacionalizar Derosa y Deocsa es una buena idea, a la cual hay que brindar apoyo y darle el debido seguimiento para que no se tergiverse ni desvíe. El tema energético será, sin que quepa la menor duda, uno de los temas cruciales para el país en los próximos meses y años. Esta iniciativa no solamente marcha por buen camino, sino que conduce a que en el país se sepa quién es quién.

¡La Lucha Sigue!
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Prensa Libre, 5 de Marzo del 2008
Diputados de UNE buscan nacionalizar Deorsa y Deocsa


Especiales

Un grupo de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza trabaja en una iniciativa de ley para nacionalizar la Distribuidora de Electricidad de Oriente (Deorsa) y la de Occidente (Deocsa), que son operadas por la española Unión Fenosa.
“Hemos recibido quejas de cobros excesivos y mal servicio por parte de esas empresas, que fueron vendidas por el Estado en 1998. Creemos que la mejor solución es recuperarlas”, explicó Inés Castillo, de ese bloque.

Ayer, esos legisladores intentaron presentarle el proyecto de ley al presidente Álvaro Colom, pero no los atendió. No obstante, Castillo se mostró confiado en que contarán con su apoyo, ya que “su ideología es la socialdemócrata, que busca un equilibrio entre el sector privado y el Estado”, opinó.

Héctor Salvatierra, gerente de Comunicación de Unión Fenosa, dijo que se pronunciarán cuando conozcan la propuesta, pero enfatizó que no son ellos quienes fijan la tarifa de electricidad, sino la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
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El Periódico, 5 de Marzo del 2008
Por: Rodrigo Estrada


El grupo que no asistió a la reunión

Luego que Colom se negara a reunirse ayer con el grupo de diputados (19 en total) que no asistieron a la actividad del lunes por la noche, estos presentaron un proyecto de ley que busca nacionalizar las empresas distribuidoras de electricidad, Deocsa y Deorsa.

“Las familias están pagando una facturación de más de US$100 al mes a empresas extranjeras. Creemos que el Gobierno y el Estado deben lograr un equilibrio”, señaló Inés Castillo, uno de los integrantes del grupo.

Los legisladores habían quedado de reunirse con Colom, pero el encuentro se canceló a última hora. “Nos causó tristeza y frustración, pero seguiremos afinando el proyecto para que sea apoyado por el partido”, dijo Leonardo Camey.

El proyecto pretende que el Estado adquiera los derechos de las empresas, y que a la vez, se venda un 50 por ciento de acciones a empresas locales.

“No hay una línea definida. Respetamos y valoramos la presentación de este tipo de ley. El Ejecutivo tomará nota y analizará la propuesta, pero no hay nada definido sobre el tema en este momento”, indicó Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.