El tema educativo sigue siendo una de las prioridades que ocupan la atención de la población y de los medios. De manera claramente malintencionada, desde el Estado se sigue aplicando una práctica que procura que, a nivel de opinión pública, se ventilen solamente algunas de las partes, sin que se aborde, entonces, el conjunto. Es decir, procuran que, por ver el árbol, se pierda la perspectiva del bosque.
Dada la situación de crisis que agobia al campo educativo en todos sus aspectos, resulta urgente que, lejos de verse sólo algunos pedacitos del problema, se le de más bien un urgente abordaje integral, que permita la concepción de una política coherente y comprensiva, en la cual se contemplen, sin excepción, las diversas aristas que conforman este conflictivo tema. Es decir, urge retomar el debate desde el enfoque presente en la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz. De todas maneras, aunque las autoridades se limitan a colocar en primer plano algunos componentes del problema educativo, conviene referirse a cada uno de ellos. En estos momentos, los que principalmente destacan son los cinco siguientes:
1.- “Que si va o no va el Diálogo”:
El Gobierno en general y el Ministerio de Educación, en particular, insisten en que el magisterio debe sentarse una vez más en mesas de diálogo, cada una de las cuales aborda un tema específico. El magisterio, por su parte, plantea que, antes de reabrir cualquier diálogo, el Gobierno debe honrar los compromisos ya adquiridos.
Ante este asunto, es necesario aclarar que, desde el momento en que las actuales autoridades asumieron la conducción del Gobierno, han dado evidentes muestras de que no creen en el diálogo como vía para el encuentro de soluciones a los múltiples problemas con los que se enfrenta el país, sino que lo han utilizado más bien como trampa dilatoria y desmovilizadora. Han abierto mesas de diálogo a diestra y siniestra, para el abordaje de todos los temas imaginables, sin que de las mismas hayan emanado nunca, sin excepción, respuestas satisfactorias a las posiciones de los sectores populares y de sus organizaciones.
En el ámbito educativo, para mencionar sólo uno de los campos sustantivos de la vida nacional, los ejemplos van desde la mesa de diálogo convocada en enero del 2004 para lograr presupuestar a 13 mil maestros y maestras por contrato que heredaron de la administración Portillo, (de la cual no surgió, como era de esperarse, ningún resultado positivo), hasta las tres mesas abiertas en agosto del 2006, tan estériles como todas las anteriores.
Al fin de cuentas, la mesa para resolver el tema de los maestros y maestras por contrato no sólo resultó una pérdida de tiempo y una burla para los afectados, sino que, lejos de aproximarse soluciones, por el contrario, la cantidad de docentes activos en el país sometidos a esa condición violadora de los derechos laborales se ha incrementado hasta superar los 35 mil.
Entonces, ¿para qué ir a más mesas de diálogo? Ya hay acuerdos concretos ganados en la lucha que son compromisos de Gobierno, y que, en consecuencia, las autoridades deben honrar. Es razonable que se exija el cumplimiento de los mismos.
La pelota está en la cancha del Gobierno. Les corresponde a las autoridades públicas dar cuando menos muestras de una pizca de buena voluntad y cumplir con aquello a lo que ya se han comprometido. Esa actitud crearía condiciones mínimas para sentarse de nuevo a dialogar.
2.- Que si se reglamenta o no la Ley de Educación:
Este tema ha puesto en abierta contradicción incluso a dos poderes de la República: El Legislativo, que emite una Ley para que se reglamente otra Ley, y el Ejecutivo, que veta ese mandato, con lo que obliga al Congreso a imponerlo nuevamente.
Este círculo de aprobaciones, vetos y rechazo al veto cae en el terreno del circo de pobre calidad, pero de altos costos. De pobre calidad porque no pasa de ser una especie de ridículo debido a que la Ley de Educación, emitida en 1991, en sí misma establece en su articulado que se le debe reglamentar 60 días después de publicada. Esos 60 días ya se han convertido en 16 años. Varios Gobiernos consecutivos han ignorado su obligación jurídica y, en consecuencia, han violado la Ley. Sus representantes deberían estar presos y ser sometidos a juicio por cuanto toda violación de la Ley implica la comisión de un delito.
Pero, como no cumplen, ahora se emite entonces una nueva Ley simplemente para que el Gobierno cumpla con la Ley precedente. Eso, en sí mismo, es ya un absurdo.
Peor aún cuando el Presidente de la República opta por vetar la nueva Ley que lo obliga a cumplir con lo que manda la vieja Ley. Y, ante ello, el Poder Legislativo resella la nueva Ley para que el Poder Ejecutivo obedezca con lo que le ordena la vieja Ley. Es decir, un espectáculo ridículo, pero peligroso, porque, en medio de todos esos mandatos, vetos y resellos, se pierde totalmente de vista el contenido, la sustancia, el espíritu que debería debatirse alrededor de lo contemplado en la Ley de Educación y lo que deberá expresarse en su reglamento.
Por eso sostenemos que se trata de un circo de pobre calidad pero de altos costos. Nadie sabe, con precisión, qué va a decirse en el Reglamento, qué enfoque va a prevalecer, cómo se va a interpretar cada artículo de la Ley 12-91 y cuáles van a ser los procedimientos que se establezcan para hacerlos cumplir. Y, cuando de educación se trata, lo cierto es que los sectores populares poco o nada bueno pueden esperar de las autoridades de Gobierno que serán las responsables de formular el Reglamento ni de aquellas obligadas desde hace 16 años a aprobarlo y ponerlo en ejecución.
El punto en debate no debería de ser si se reglamenta o no la Ley de Educación. Es claro que debe reglamentarse, tras 16 años de incumplimiento en hacerlo. El punto es cuál debería de ser la intencionalidad con la que se reglamente. ¿Un reglamento que fortalezca las corrientes privatizantes o un Reglamento que, por ejemplo, garantice para la población el derecho a la gratuidad de la enseñanza? Es decir, si se reglamenta desde la óptica neoliberal prevaleciente en el Estado, ese reglamento será cuchillo para el pescuezo del pueblo. Y decimos “del pueblo”, porque las políticas educativas inciden sobre toda la población y, en consecuencia, incumben a todos y a todas.
En todo caso, la Señora ministra ha dado declaraciones públicas en las que afirma que no va a sentarse a elaborar el reglamento. Es decir, anuncia que está dispuesta a colocarse por encima de la Ley. Ante semejante desplante, el Ministerio Público debería intervenir y apresarla por violar la Ley de Educación, (que manda a las autoridades a formular ese reglamento) y la Ley 3-2007, aprobada, vetada y vuelta a aprobar, que exclusiva y específicamente da la orden de que se reglamente la Ley de Educación. Pero a Doña María del Carmen, envalentonada por el amplio respaldo que le dan la prensa, las derechas y el propio Primer Mandatario, le importa un pepino lo que manden las leyes y anuncia que va a hacer lo que le de la gana. Alguien debería ubicarla en su lugar.
No es ético que la propia Ministra eduque a la población de todo el país en el hecho de que, desde posiciones de poder, las leyes se pueden violar con absoluta impunidad. Eso es lo que enseña su práctica como Ministra. Lo cierto es que ella está nombrada ahí, (y bien remunerada con el dinero proveniente de los impuestos que paga el pueblo) no para que imponga sus caprichos, sino para que cumpla con la Ley y con la voluntad del pueblo. Eso, evidentemente no lo ha entendido.
3.- Que si lo público o lo privado:
Otro árbol de este enmarañado bosque lo constituyen los hechos propagandísticos que emprende el Ministerio. Durante tres años consecutivos las autoridades educativas han impuesto la realización de sus tristemente célebres exámenes estandarizados, los cuales, además de marchar a contrapelo con la idea de la transformación curricular presente en la verdadera Reforma Educativa, no le han generado al país ni un solo resultado positivo.
Se trata de exámenes obligatorios por los que deben pasar los graduandos y, ahora, además, los y las estudiantes de tercero básico. Son pruebas de matemáticas y de lenguaje. Sin embargo, luego de tres años de evaluarse a millares de estudiantes y de la inversión de decenas de millones de quetzales, de ese ejercicio evaluativo no ha emanado ni una sola propuesta respecto a qué modificaciones deben introducirse para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en ninguno de esos dos campos del conocimiento. En realidad, no ha salido absolutamente nada que apoye o innove el sistema educativo. Ni un solo aporte, ninguna idea, nada positivo en absoluto. Los exámenes estandarizados no han pasado de ser más que una lamentable pérdida de tiempo y de recursos.
Lo único que sí ha ocurrido un año tras otro es que, tras las pruebas, el Ministerio publica una lista de los 10 Colegios mejor calificados según ellos, con lo cual simple y sencillamente le hace propaganda a la educación privada y procura, de manera silenciosa e implícita, difamar a la educación pública. De hecho, ya publicaron, con bombos y platillos, su “top ten” del 2006.
Es muy probable que varios grupos de empresarios que han hecho de la educación su negocio particular se hayan reunido a celebrar, con un buen whisky, la publicación del Ministerio.
4.- Que si viene o no viene el Relator:
Como cuestión coyuntural, pero también de relevancia, salta a la palestra el tema de la visita del Relator de las Naciones Unidas para Educación. Las organizaciones vinculadas a esta materia piden a viva voz su pronta intervención. Por su parte, el Gobierno, que no quiere de ninguna manera que le midan las costillas, solicita oficialmente a la ONU que la visita de su experto se posponga para el 2008, cuando ellos ya no estén en el ejercicio de sus cargos. Ante la posición gubernamental, las organizaciones concatenadas al tema educativo no dudan en reclamar con energía la venida del Relator.
De hecho, la actitud adoptada por las autoridades del Ejecutivo es clara muestra de que temen que les abran su apenas medio maquillada Caja de Pandora. Saben, a ciencia cierta, que en materia educativa el país ha retrocedido de manera evidente y que la propaganda con la que han procurado disfrazar el retroceso no resiste ningún análisis serio. Prefieren, por lo tanto, que no les destapen su olla de grillos, ni en materia educativa ni en ninguno de los otros campos de la vida nacional en los que, como Gobierno, han intervenido con la generación de pésimos resultados.
En síntesis, el planteamiento del presidente Berger es: “Que vengan a inspeccionar lo que quieran, pero cuando yo ya no esté”. Como reza el sabio refrán popular, sólo el que la debe, la teme.
Este Señor Presidente debe saber que, al final de cuentas, no es el juicio evaluativo de un Relator el que más pesa, sino el que le hacemos sus propios conciudadanos, tanto en el ámbito privado de cada hogar guatemalteco, como en las calles, cada vez que se obliga al pueblo a tomarlas.
Su Gobierno, Don Oscar, en educación, en salud, en seguridad, en todo lo que se relaciona con su gestión, ha sido un desastre y, aunque busque mantener esa realidad bajo cubierta, el pueblo y sus legítimas organizaciones lo sabemos y no necesitamos que lo ratifique un Relator de la ONU.
Si viene, en buena hora, porque así quedarán puestas al desnudo las políticas antipopulares que han hundido al país, educación incluida, al borde mismo del desastre y de la ingobernabilidad. Será una nueva voz autorizada que se sumará al coro que, de manera cotidiana, reclama al Estado en general y a este Gobierno en particular, conducido por políticos y políticas de derecha, que cese ya la agresión contra el pueblo.
Puede ser que, por cuestiones diplomáticas, el Gobierno se salga con la suya e impida que vengan los relatores de las Naciones Unidas. Pero, aunque así fuera, tenga claro Don Oscar y tengan claro las derechas del país que cada guatemalteco y guatemalteca que forma parte de los sectores populares sabrá pasarles la cuenta por sus constantes violaciones a los derechos básicos e irrenunciables de la población, incluidas las violaciones al derecho educativo del pueblo.
5.- Que si se cierran o no las Escuelas Normales:
A finales del año anterior, los y las estudiantes normalistas de todo el país, con el acompañamiento de numerosos docentes y de otros sectores populares, liderearon una impresionante lucha victoriosa en contra del Acuerdo Gubernativo 581-2006, con el cual el Ministerio condenaba a muerte a las Escuelas Normales. A pesar de la intransigencia y terquedad de la Señora Ministra, al final el Acuerdo fue derogado.
Sin embargo, en Enero del 2007, el Ministerio se apresuró a publicar otro, si se quiere peor aún que el precedente. Y, con ello, ha sometido al proceso de formación de docentes a un ir y venir, a una ambigüedad, a una incertidumbre que, al final, lo debilita. Es decir, Doña María Aceña buscó otra vía para salirse siempre con la suya.
Ante esa actitud cuasi-dictatorial, la comunidad normalista ha puesto el grito al cielo y ha dado una severa señal de alarma: Guatemala corre buen riesgo de quedarse sin maestros ni maestras en un corto plazo. Es decir, el país se ve amenazado por el hecho de que el sistema de educación pública puede colapsar simple y sencillamente porque no habrá quienes estén capacitados para desempeñarse como docentes.
El ataque contra las Escuelas Normales es, al final, uno de los componentes de la estrategia neoliberal que busca reducir la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos. Es un eslabón en la cadena que conduce hacia la privatización de la educación, es decir, hacia un nuevo modelo en el cual se eduque quien tenga cómo pagar por ello y se condene al analfabetismo a quienes carezcan de recursos para sufragarse el gasto educativo.
Un país sin maestros ni maestras será, sin que quepa la menor duda, un país deficitario en materia educativa. Guatemala ya lo es, y el rumbo emprendido por el Ministerio sencillamente conduce hacia un abismo aún más profundo.
Como puede fácilmente apreciarse, los árboles más visibles de este intrincado bosque son, en sí mismos, de relevancia. Sin embargo, son los más visibles porque el Ministerio y los medios los ponen en la agenda y no porque todos los otros carezcan de igual o mayor importancia. Los cinco mencionados son como la punta de un inmenso iceberg, cuyo cuerpo principal se oculta aún bajo la superficie.
Es urgente, por lo tanto, que a nivel nacional el tema educativo se aborde no sólo desde aquellos aspectos que las autoridades, los medios y las derechas plantean y ponen por delante, sino de una manera integral, que de respuestas a las necesidades agobiantes del pueblo.
En síntesis, urge rescatar la letra y el espíritu de la Reforma Educativa que brota desde el seno de los Acuerdos de Paz y emplear esos insumos como guía para todo el impostergable debate pertinente.
Hay que dar la lucha por detener la Contrarreforma neoliberal y privatizante que se impulsa desde el Ministerio de Educación, con el respaldo del grupo denominado “Empresarios por la Educación” y sustituirla por la verdadera Reforma, construida a partir de amplios diálogos y consensos nacionales.
Pero tanto el rescate de la auténtica Reforma Educativa como la detención de la Contrarreforma de las derechas son metas que sólo se alcanzan si se lucha por ellas. No bastan los discursos, los escritos, las palabras, si estas no se acompañan con hechos consecuentes.
Por ello, en educación, como en tantos otros campos de la vida nacional, en Guatemala,
¡la lucha sigue!
